Más de 1.600 alicantinos llevan un año esperando a que se tramiten sus expedientes para poder cobrar la Renta Valenciana de Inclusión, actualmente bloqueados en el registro general del Ayuntamiento y que ni siquiera han sido remitidos a los centros sociales. Así lo denuncian diferentes colectivos ciudadanos de Alicante como Marea Roja-Grupo de Personas Desempleadas y Precarias de Toma la Plaza Alacant 15 y la Plataforma de Pensionistas.
Estos colectivos, que todos los miércoles se concentran de 10 a 12 horas junto a la plaza de Castellón, se desplazaron ayer a la plaza del Ayuntamiento para protestar contra lo que consideran un uso partidista de esta prestación pionera en la Comunidad que entró en vigor el 23 de abril de 2018 con el fin de garantizar unos ingresos mínimos a cualquier ciudadano en riesgo de pobreza. Los colectivos acusan al PP que gobierna el Ayuntamiento de bloquear cualquier ayuda poniendo, por ejemplo, trabas para empadronarse, pero no eximen de responsabilidad al gobierno autonómico por legislar una renta «con una gran complejidad en su tramitación».
La ley que regula estas ayudas tiene dos partes. Primero los ayuntamientos han de tramitar las peticiones y a continuación la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene que realizar el pago. Si los expedientes están paralizados en los ayuntamientos y no llegan a la administración autonómica, no se puede ingresar el dinero a los demandantes.
Ayudas de emergencia
Los asistentes a la protesta de la plaza del Ayuntamiento, que intentaron hacerse oír ante el grupo de gobierno con un megáfono, exhibieron pancartas con los mensajes «No más retrasos» y «No más burocracia en la Renta Valenciana de Inclusión». Asistieron afectados que llevan más de ocho meses esperando estos pagos y que comen gracias a las ayudas de emergencia, que criticaron el «machaque psicológico y burocrático al que se siente sometida la capa más desprotegida de la sociedad», dijo María Jesús Casado, de CGT.
«Queremos que se cumpla la Ley Valenciana de Inclusión, que para eso se ha aprobado, que se dote presupuestariamente y que no dejen a la gente más desprotegida a los pies de los caballos. Les están negando el pan y la sal», dijo. Los promotores de la movilización se mostraron muy críticos con la burocracia ya que, afirman, se exige demasiado papeleo para acceder a la renta, lo que consideran un filtro para que los solicitantes desistan.
Desde el Ayuntamiento se limitaron a señalar que la Generalitat también tiene que dotar de medios a este programa. Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguraron que se ha reforzado el personal en Alicante para resolver estos expedientes y que desde 2015, cuando los equipos de base tenían 56 profesionales, se ha aumentado el presupuesto para contratar a 97.
A fecha de abril en Alicante había 1.422 personas cobrando esta renta por un importe total de un millón de euros. A nivel provincial son más de 6.000 personas.
