20 de mayo de 2019
20.05.2019

Un juzgado de Alicante desestima una indemnización de 6,7 millones de euros a Ortiz por anularse el Plan Rabasa

El juzgado da la razón al servicio municipal de Planeamiento de la etapa de Miguel Ángel Pavón como edil de Urbanismo

20.05.2019 | 18:33
Un juzgado de Alicante desestima una indemnización de 6,7 millones de euros a Ortiz por anularse el Plan Rabasa

Revés judicial para el empresario Enrique Ortiz. El exconcejal de Urbanismo y portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha tenido hoy acceso a una sentencia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, que desestima la petición de una indemnización a la mercantil Avanza (en su día Visomed) de 6,7 millones de euros, por una reclamación patrimonial de la empresa tras la anulación del Plan Rabasa. El fallo tiene fecha del pasado octubre y contra el mismo hay posibilidad de recurso al Tribunal Superior de Justicia y, de ratificarse el fallo, ante el Tribunal Supremo. Según ha podido saber este periódioco, la empresa ya ha recurrido.

El edil Miguel Ángel Pavón ha celebrado el fallo y resaltado que "tiene gran importancia el informe aportado por el Ayuntamiento del Servicio de Planeamiento, que se emitió siendo yo concejal de Urbanismo. Se reproduce literalmente en la sentencia parte de dicho informe".

También fue clave, según el edil, el dictamen, aportado por la Generalitat, del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de fecha 31 de enero de 2018, recomendando la absoluta improcedencia de conceder ningún tipo de indemnización a la mercantil.

"Muy importante también lo que señala el informe municipal sobre la ausencia de gestión urbanística. Y además el Juzgado subraya que ni siquiera se brindó a los propietarios del suelo de la oportunidad de ejercer su derecho de participación en la urbanización. Y que además el urbanizador renunció al desarrollo de los terrenos en el marco del plan parcial al impulsar una ATE sobre esos mismos terrenos de la que luego desistió", apunta Pavón.

" En definitiva, gracias a la desestimación por silencio que se adoptó, y al informe municipal emitido, todo ello durante mi etapa como concejal de Urbanismo, Ortiz no ve reconocidas sus pretensiones de indemnización millonaria por responsabilidad patrimonial por la nulidad del Plan Rabasa", celebra el edil. "Todo esto se podría haber evitado si nunca se hubiera aprobado el Plan Rabasa, un plan insostenible e ilegal impulsado por Alperi y Castedo que sólo EU rechazó en el pleno de abril de 2005 y que vergonzosamente apoyaron PP y PSOE".

El constructor Enrique Ortiz llegó a reclamar en 2017 20,5 millones de euros al Ayuntamiento y al Consell por los daños y perjuicios que, considera, le produjo la anulación judicial del Plan Rabasa. Las dos administraciones aprobaron el polémico plan urbanístico en el que se preveían 13.000 viviendas y la empresa urbanizadora, así como las sociedades propietarias de suelo, entienden que el Tribunal Supremo lo anuló por causas que no son imputables a ellos, sino a las deficiencias en la tramitación.

El Ayuntamiento adjudicó el Plan Rabasa a Ortiz en 2005 (con los votos a favor del PP y del PSOE) y el Consell lo aprobó en 2009. En mayo de 2013 varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia (referentes a recursos de particulares, del PSOE, EU y de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas) anularon el polémico plan urbanístico.

El Supremo confirmó la anulación con una sentencia en la que aceptaba parte del recurso de Ortiz, pero tumbaba el plan por irregularidades en la tramitación. Entre ellas, las deficiencias en la publicidad del procedimiento, la falta de una evaluación ambiental estratégica o la ausencia de garantías sobre recursos hídricos. En ese punto, el Supremo destacaba que el plan fue aprobado sin disponer de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

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