La concejala en funciones de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, se mostró ayer satisfecha por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha eximido al Ayuntamiento de Alicante de pagar 19,4 millones de indemnización a la promotora que impulsó en 2005 la construcción de un complejo turístico sobre suelo no urbano junto al campo de golf de El Plantío. De España subrayó que «estamos contentos porque se ha dado un paso adelante y se demuestra que se ha trabajado bien desde el Ayuntamiento. Ahora bien, debemos esperar a ver si la promotora recurre ante el Supremo, pero es una buena noticia». No obstante, la partida económica seguirá reservada hasta la resolución final.

Satisfecho se ha mostrado también el edil de Guanyar y exedil de Urbanismo que presentó el recurso, Miguel Ángel Pavón. «La valoración de la sentencia del TSJCV es positiva al haber conseguido evitar las consecuencias lesivas para las arcas municipales del enésimo pufo urbanístico del PP. Veinte millones de euros que el Ayuntamiento puede destinar a la ciudad y a los alicantinos y a las alicantinas y no al bolsillo de un promotor privado empecinado en legalizar unas obras ilegales en suelo no urbanizable junto al hito protegido de la Sierra de Colmenares».

Pavón recordó, en este sentido, que la sentencia de 2017 que reconocía esa indemnización de 20 millones, «se recurrió en apelación para defender los intereses generales frente a los particulares y el TSJ nos ha dado la razón. Probablemente se recurra la sentencia en casación ante el Supremo, pero la realidad a día de hoy es que la reclamación de responsabilidad patrimonial del Plantío por más de 50 millones se ha quedado en nada». Pavón aseveró que «todo se podría haber evitado si el PP no hubiera dado una licencia ilegal».

Otra consecuencia positiva de la sentencia es, según Pavón, que podría servir de base para plantear la defensa ante «las pretensiones del empresario Enrique Ortiz y sus mercantiles de que se les indemnice con 20 millones -de forma solidaria entre la Generalitat y el Ayuntamiento-, por la anulación del Plan Rabasa».

La reclamación por responsabilidad patrimonial del Plantío se planteó por conceder el Ayuntamiento una licencia ilegal y la de Ortiz por aprobar Ayuntamiento y Generalitat un plan parcial ilegal. Para Pavón, «aprobaciones todas ellas del PP municipal y autonómico que fueron tumbadas por la Justicia. La nefasta gestión urbanística del PP puede salir muy cara a la ciudad y es la izquierda la que está parando indemnizaciones millonarias que terminaría pagando la ciudadanía».