La sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento en 2017, y ha anulado la indemnización de 19,4 millones de euros que el Ayuntamiento tenía que pagar a la promotora Royal Class Resort por anularle la licencia de obra para ampliar el complejo turístico ligado al campo de golf de El Pantío. Un fallo que anula el de un tribunal de Alicante en 2017. Contra la sentencia hay posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo, según advierte el edil de Guanyar Miguel Pavón, edil de Urbanismo cuando se recurrió la primera sentencia.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Marí Carmen de España, ha celebrado hoy la sentencia que exime al Ayuntamiento de la indemnización. "Es un primer paso y confirma que se hizo bien el trabajo y el recurso. Falta todavía si habrá recurso al Supremo y si lo hay el fallo, pero estamos muy contentos".
Se anula la sentencia del juzgado de Alicante que establecía una indemnización de cerca de 20 millones de euros para la promotora del empresario Manuel Ferry. Un pufo que se había generado en la etapa del alcalde Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo como edil de Urbanismo. El fallo supone un respiro para el actual equipo de Gobierno de Luis Barcala,pero el recorrido judicial tampoco ha acabado.
Cerca de 20 millones de euros -19.485.522 euros- más los intereses legales desde hace nueve años. Ese es el importe de la indemnización millonaria que se ahorra, de momento, el Ayuntamiento de Alicante al no tener que pagar a la empresa promotora del complejo turístico de El Plantío en Bacarot por la nulidad de la licencia de obra que le otorgó el consistorio alicantino en 2005 y que fue revocada por los tribunales tras el recurso presentado por el grupo municipal socialista. En 2017 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante había estimado parcialmente el recurso de la empresa Royal Class Resort -que reclamaba 50,7 millones al Ayuntamiento- y estableció que fuera indemnizada por el «daño emergente» ocasionado -los gastos ocosionados por el inicio y paralización de las obras-, pero no por el lucro cesante ni por daños morales.
La primera reclamación de responsabilidad patrimonial fue presentada por la empresa de El Plantío el 8 de abril de 2009. La entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, firmó un decreto el 17 de mayo de 2005 por el que otorgaba licencia de obra mayor y apertura para un complejo turístico en El Plantío.
El grupo socialista recurrió dicho acuerdo y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante declaró en octubre de 2006 la nulidad de dicha licencia porque la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de 1993 «autorizaba un aprovechamiento urbanístico de 14.500 metros cuadrados», mientras que el decreto municipal contemplaba 22.375 metros cuadrados, unos ocho mil más.
El TSJ confirmó el fallo a favor del PSOE, aunque antes de pronunciarse el Ayuntamiento de Alicante acordó paralizar las obras. El consistorio alicantino modificó la licencia en 2007 para adaptarla a los 14.500 metros cuadrados, aunque también lo recurrió el PSOE y el juzgado la anuló.
El resultado final es que la empresa no pudo concluir el proyecto y ahora se puede apreciar a simple vista que entre los bloques construidos y el campo de golf están las estructuras de varios inmuebles que iban a acoger un centenar de apartamentos turísticos.
Guanyar pide que se revierta en al ciudad
Satisfecho se ha mostrado también el edil de Guanyar y exedil de Urbanismo cuando se presentó el recurso, Miguel Ángel Pavón. "Hacemos una valoración positiva de la sentencia del TSJCV al haberse conseguido evitar las consecuencias lesivas para las arcas municipales del enésimo pufo urbanístico del PP municipal. Veinte millones de euros que el Ayuntamiento puede destinar a la ciudad y a los alicantinos y a las alicantinas y no al bolsillo de un promotor privado empecinado en legalizar unas obras ilegales en suelo no urbanizable junto al hito protegido de la Sierra de Colmenares".
Pavón recuerda, en este sentido, que la sentencia de los juzgados de Alicante, que reconocía esa indemnización de 20 millones, "se recurrió en apelación siendo yo concejal de Urbanismo para defender los intereses generales frente a los particulares y el TSJ nos ha dado la razón. Probablemente se recurra la sentencia en casación ante el Supremo, pero la realidad a día de hoy es que la reclamación de responsabilidad patrimonial del Plantío por más de 50 millones se ha quedado en nada. Todo ésto se podría haber evitado si el PP no hubiera dado una licencia ilegal, hemos tenido que ser la izquierda los que arreglemos los desaguisados de un partido que cuando gobierna el Ayuntamiento pone en riesgo sus cuentas por su nefasta gestión".
Otra consecuencia positiva de la sentencia es, según Pavón, que puede invocarse frente a las pretensiones de Enrique Ortiz y sus mercantiles de que se les indemnice con 20 millones -de forma solidaria entre la Generalitat y el Ayuntamiento-, por la anulación del Plan Rabassa. La reclamación por responsabilidad patrimonial del Plantío se plantea por conceder el Ayuntamiento una licencia ilegal y la de Ortiz por aprobar Ayuntamiento y Generalitat un plan parcial ilegal, el plan Rabassa. "Aprobaciones todas ellas del PP municipal y autonómico que fueron tumbadas por la Justicia. La nefasta gestión urbanística del PP puede salir muy cara a la ciudad y somos la izquierda los que estamos evitando indemnizaciones millonarias que terminaría pagando la ciudadanía".
