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La Audiencia no da por recusada a la juez que confirmó los procesamientos por el PGOU

La sala eleva al TSJ la impugnación de la defensa de Sonia Castedo contra las otras dos magistradas designadas para el juicio

Cristina Costa. pilar cortés

La Audiencia de Alicante ha elevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la recusación que hizo la defensa de la exalcaldesa Sonia Castedo contra el tribunal designado para juzgar las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante. Sin embargo, este procedimiento solo afecta a dos de las magistradas del tribunal, Montserrat Navarro y Margarita Esquiva. Del incidente de recusación ha quedado fuera la tercera juez del tribunal, Cristina Costa, a quien la Audiencia da por no impugnada.

La propia Costa planteó apartarse del procedimiento por haber formado parte del tribunal que confirmó el procesamiento de todos los acusados y sobreseyó la causa para el arquitecto redactor del Plan General, Jesús Quesada. Las partes la dieron entonces por apartada por lo que el expediente de recusación siguió tramitándose para las otras dos magistradas.

Aviso de nulidades

En este interín, otro tribunal rechazó la abstención de Costa en una providencia que contaba con el voto particular de una de las magistradas respaldando que su compañera se apartara y sosteniendo que mantenerla en el tribunal podría abocar a la nulidad del juicio. La sala dio traslado de esta nueva situación a la defensa de Castedo que «el pasado 3 de mayo presentó un escrito haciendo suyos los argumentos del voto particular pero no se pronunciaba respecto del desestimiento planteado en su día», según relata el auto por el que se eleva al TSJ la causa para resolver las recusaciones.

En este auto, se recuerda también que las tres magistradas formaron parte del tribunal que avaló la validez de las escuchas del caso Brugal que afectaban a la estafa por la que fueron juzgados los hermanos Rafael y José Vicente Gregory por las irregularidades en la gestión de la mercantil Autisa, otra de las piezas separadas en las que se desgajó esta macrocausa de corrupción. Ante su recusación, la propia Montserrat Navarro advirtió de que había formado parte del tribunal que dictó dicha sentencia al haberse «declarado válidas las escuchas telefónicas acordadas en aquel procedimiento (...) que es el origen de aquellas diligencias y por ende de todas las piezas separadas dimanantes de aquellas», según recoge el auto por el que se da traslado la recusación al TSJ.

En la causa del Plan General están acusados entre otros los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz por presuntos irregularidades en la tramitación del PGOU de la ciudad. La causa llegó a la Audiencia el pasado noviembre para que se celebrara el juicio y desde entonces está tratando de resolver los problemas para nombrar al tribunal que deberá hacerse cargo de la vista oral. La causa recayó en la Sección Tercera, donde todos los magistrados se abstuvieron por haber intervenido en la resolución de recursos que se pronunciaban sobre el fondo del asunto y por lo que hubo que designar a un nuevo tribunal.

El último escollo ha sido el incidente de recusación. Mientras no esté designado el tribunal, el mecanismo para la celebración del juicio no se pondrá en marcha y por el momento ni se ha analizado el efecto que tendrá en esta causa la nulidad de parte de las escuchas telefónicas del caso Brugal que acaba de resolver la sala que está juzgando en Elche los presuntos sobornos en la contrata municipal de la basura en Orihuela, la pieza principal de la que arrancó toda la macrocausa. Como en el resto de las piezas separadas, la nulidad de las escuchas va a ser una de las principales batallas legales de este juicio.

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