Las excusas con Alicante ya se han acabado. El que parece el principio del fin al bloqueo de la construcción de la estación intermodal en Alicante, con su parque central encima gracias al soterramiento definitivo de las vías del tren, debiera marcar el guión de lo que tiene que ser la legislatura en materia de infraestructuras en la provincia de Alicante. Cuatro años en los que deben resolverse muchas asignaturas pendientes en materia viaria, ferroviaria y, por supuesto, hídrica, que no tuvieron solución en la legislatura que acaba de expirar. Al Gobierno y, sobre todo al Consell, no le valen ya las justificaciones apoyadas en los pufos que se encontraron pendientes de resolver de la etapa popular, y deben ponerse las pilas. Los próximos cuatro años no se saldarán en positivo sólo con un túnel para facilitar la doble circulación de los tranvías entre Alicante y la Playa de San Juan. La provincia de Alicante ni puede, ni merece estar al ralentí cuatro ejercicios más.
Lo cierto es que el enésimo desencuentro del alcalde de Alicante, Luis Barcala, con las administraciones central y autonómica parece que ha dado sus frutos y el 29 de abril se logró en la reunión del consejo de Avant que se impusiera el sentido común en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. A partir de ahora -la nueva ley lo exige, no lo olvidemos tampoco- todo lo que queda por hacer, que es mucho, para terminar la integración del ferrocarril en Alicante, se hará como se debe. Redacción del proyecto y aprobación del presupuesto correspondiente a financiar por todos los socios, y no sólo el Ayuntamiento, como se pretendía desde el verano de 2017.
Esta fue la principal conclusión de una reunión sobre el futuro de la sociedad Avant, en la que no hubo un euro sobre la mesa, pero en la que al menos sí se recuperó la voluntad política que hasta ahora había estado ausente por el desprecio que se tiene en Madrid a todo lo que sean obras para la provincia de Alicante. Cierto que tampoco hubo sobre la mesa 3.000 millones de euros como sí sucede en València con su operación ferroviaria, pero no es menos cierto tampoco que en la capital del Turia se reclamó el parné con documentos y proyectos, y en Alicante, hasta ahora, sólo con cálculos superficiales y, como siempre, rodeados de humo.
Pedro Sánchez y su Gobierno se juegan mucho en la provincia en estos próximos cuatro años en dos ejes que hasta ahora no han resuelto, y,siendo justos, tampoco se podían resolver con facilidad en los diez meses de gobierno tras la moción de censura que comenzó a marcar el principio de la decadencia del PP de Mariano Rajoy. Sánchez se la juega en dos temas capitales como bien se han encargado los empresarios de recordarle en las ultimas semanas: Agua e infraestructuras.
Poco sabemos de la mejora de autovía A-7 que conecta Alicante con Murcia, nada de la peligrosísima autovía con Villena, ni del Tren de la Costa, infraestructura para la provincia tan importante como el Corredor Mediterráneo. Pero sobre todo, la indiscutible victoria de Pedro Sánchez, gobierne en solitario (casi mejor viendo el posible compañero de viaje), deja ahora en el aire el futuro trasvase Tajo-Segura, por mucho que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, intentara tranquilizar a los regantes en el acto sobre los 40 años del Acueducto celebrado el miércoles en Madrid.
En el Ministerio para la Transición Ecológica tienen bien diseñada una hoja de ruta en la que la apuesta es la desalación como recurso. Agua más cara pero garantizada, aseguran. Ese es el mensaje oficial para los próximos cuatro años y todo comenzará a plasmarse, si nadie lo impide, a partir de 2021 cuando se revisen, al alza, los caudales ecológicos del Tajo y disminuyan las reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
El Cambio Climático ofrece, además, la coartada perfecta y no parece que el jefe del Consell, Ximo Puig, tenga, pese a sus constancia en los últimos meses, mano suficiente para convencer al presidente Sánchez, a la ministra Ribera y la «inspiradora» de los recortes en el Tajo, Cristina Narbona, de nuevo en primera línea, de que el trasvase no se toca. Y eso que Puig se ha mojado hasta el punto de pleitear contra su jefe en Madrid por recuperar los 12,5 hm³ que dejaron de llegar en el trasvase de pasado noviembre.
Lo peor es que nadie, salvo unos agricultores cada vez más cansados de pelear, parece consciente de la importancia de los trasvases para Alicante y Murcia. Algún día la historia les juzgará, pero será ya tarde. Y si alguien esperaba un aliado en el ministro de Exteriores y futuro eurodiputado, Josep Borrell, inspirador en su día de las interconexión de la cuencas en España, que se olvide. Lo dejó claro el lunes en Alicante. Para el Gobierno la solución pasa por la desalación.
Y si la solución del problema del abastecimiento hídrico agua parece complicado, en el resto de las infraestructuras tampoco hay fácil arreglo. Los empresarios calculaban hace un par de semanas que en los últimos diez años el Gobierno ha dejado de invertir en la provincia 2.594 millones de euros de los que 549 millones corresponden al periodo 2015-2019, o sea la legislatura que acaba de cerrarse. No se ha vuelto a invertir un euro en carreteras y ferrocarril (excepción en la llegada del AVE a Elche y Orihuela prevista para el verano) desde que la alta velocidad llegó a la estación de Alicante en junio del año 2013.
A partir de ahí, parálisis total y año tras año los mismos incumplimientos a los que se unen, también, los relativos a las infraestructuras hidráulicas como el bloqueo que sufre el Júcar-Vinalopó donde se han enterrado 400 millones de euros. El último anuncio que no es para lanzar cohetes. Llegó, curiosamente, de la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Una inversión de 150 millones de euros para interconectar todas las desaladoras del Mediterráneo, lo que en Alicante no se puede leer de otra manera que no sea el enésimo intento por reducir las aportaciones de agua del Tajo
Y si el tema del agua es preocupante, por mucho que lo traten de ningunear aquellos que no miran más allá de contar con caudales para afeitarse cuando abren el grifo, la lista de asignaturas pendientes que tienen en el cajón el presidente Sánchez y, suponemos, el ministro José Luis Ábalos es extensa. Urge una solución para resolver el acceso ferroviario al aeropuerto de Alicante-Elche, el tren de la Costa, el enlace del Puerto con el Corredor Mediterráneo, y las mejoras de la autovía A-7, circunvalación de Alicante y la N-333 en el entorno de Torrevieja.
Agenda y proyectos hay, ¿voluntad política?. Alicante no puede quedarse otros años cuatro años en blanco y ya no valen las excusas con una provincia que, pese a quien le pese, sigue siendo la quinta de España.
