La comisión de pleno que ha revisado los contratos de unas obras del Patronato de la Vivienda para la Concejalía de Juventud acordó ayer por unanimidad reprobar a su gerente, Gaspar Mayor, al considerar que el organismo autónomo no informó debidamente para que sus distintos presidentes, es decir, los concejales, pudieran ejercer el control político necesario. Es una de las conclusiones de PP, PSOE, Ciudadanos, Guanyar y Compromís, que consideran en cambio que no ha quedado suficientemente acreditado el fraccionamiento de contratos a la hora de acometer unas obras de acondicionamiento del Centro 14.
Los grupos de la Corporación municipal plantean poner sobre la mesa la posible disolución del Patronato Municipal de la Vivienda y traspasar sus competencias a Urbanismo.
La Comisión específica del Pleno que se creó para investigar estos contratos determina asimismo que se abonen las obras, al margen de los informes dispares sobre su tramitación. En la primera sesión, celebrada en febrero, el interventor dijo que los contratos de Vivienda estaban «plagados de irregularidades». El alto funcionario sostuvo entonces que las obras se iniciaron sin estar adjudicadas, que se falseó la tramitación y que hubo fraccionamiento, algo que no comparten los políticos.
Concejales de PP, PSOE, Ciudadanos, Guanyar y Compromís han formado parte del debate en el seno de esta comisión, cuya última sesión tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento. La comisión que ha analizado diversos contratos por obras tramitados por el Patronato Municipal de la Vivienda ha acordado sus conclusiones por unanimidad, según informó a su término su presidente, José Ramón González, del PP. Las resoluciones irán a Pleno.
Los diversos representantes de la Corporación sí han estado de acuerdo en la reprobación del gerente del Patronato por falta de transparencia en su gestión. También han planteado examinar el modelo de gestión y funcionamiento de dicho organismo, debido a los fallos detectados, «de los que dejó referencia el interventor municipal».
El grupo de trabajo ha determinado que los políticos que ejercieron la presidencia del Patronato de la Vivienda no pudieron realizar correctamente su función de vigilancia y dirección política debido a la falta puntual de información. «Falla el control político debido a que falla la información por parte del gerente a los responsables políticos», consideran.
