El Consell está dispuesto ahora a llevar hasta las últimas consecuencias la reclamación al Ministerio para la Transición Ecológica del trasvase pendiente de noviembre de 2018, reclamando en la Audiencia Nacional que se restablezca la legalidad, se dé marcha atrás y se aprueben para aquel mes los 20 hm³ que, según la Abogacía de la Generalitat, correspondía enviar a Alicante y Murcia a través del trasvase Tajo-Segura, y no los 7,5 hm³ aprobados exclusivamente para consumo urbano.
Para ello, en el escrito presentado en la en la sección I de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, se demuestra que el 1 de noviembre de 2018, cuando los técnicos comprobaron la existencia de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, el complejo almacenaba 566,8 hm(3) con lo cual se pasaba a la situación 2 de las normas de explotación que daban paso, en teoría, al trasvase hasta 20 hm(3).
Sin embargo, el Consell argumenta tras estudiar las cifras oficiales del Ministerio, manejadas por el Centro de Desarrollo de Obras Públicas (Cedex) había agua suficiente para haber trasvasado un mínimo de 20 hm(3) en el semestre que va de noviembre de 2018 a este mes de abril. Por lo tanto, en el escrito presentado el pasado 16 de abril, se pide al juez que falle a favor del Ministerio y, por lo tanto, Alicante y Murcia recuperen los 12,5 hm³ que faltan por llegar, y que los técnicos hurtaron aquel 27 de noviembre del año pasado -aprobación oficial- un trasvase completo. Es más, los abogados sostienen que ese mismo mes los informes avalaban el envío de un total 120 hm(3) hasta este mismo mes de abril.
La Abogacía de la Generalitat incide en que el recorte del trasvase afectó directamente a la «necesaria planificación» que realizan los agricultores trimestralmente. «De las órdenes del trasvase aprobadas en septiembre se deduce, aplicando la necesaria planificación establecida en la normativa, que en noviembre se produciría un trasvase de 20 hm(3) en noviembre, por lo que los regantes planificaron sus cultivos en función del agua que van a tener», reitera información facilitada el 16 de abril al Tribunal.
El texto recuerda que la normativa que regula el Tajo-Segura es un sistema planificado, mes a mes, tanto en los volúmenes a trasvasar como en la distribución por zonas de cultivo. «La decisión de no trasvasar en noviembre agua para riego quiebra la planificación trimestral que establece la norma para cuando la situación en cabecera está en nivel 3 y contradice lo aprobado en septiembre y en octubre», señala el recurso.
«Si se hubieran utilizado todos los informes y estudios que tiene el Ministerio para decidir el trasvase de noviembre, estaríamos en nivel 2 y entonces, según la ley del trasvase, se hubieran tenido que trasvasar, incluso, 38 hm(3) de manera automática», subrayan los abogados de la Generalitat en el recurso que lleva la firma del presidente Ximo Puig, aunque esta información salió de la Conselleria de Agricultura que lidera Compromís, volcado ahora con el Tajo-Segura tras años de ninguneo.
Para la Abogacía de la Generalitat, de haberse aplicado a la cabecera la nueva medición del caudal embalsado realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), en octubre de 2018, primer mes del año hidrológico, la cabecera hubiera estado en Nivel 2 al haber superado los 613 hm(3 )y por tanto, se hubiera tenido que hacer una planificación anual completa.
«La Comisión de explotación del Acueducto Tajo-Segura utilizó criterios no contemplados en la normativa del trasvase para establecer su recomendación de noviembre como son la situación de las conducciones en el Campo de Cartagena, estado de humedad de las tierras en las zonas de regadío...», aseveran los letrados.
«Por todo esto, consideramos que los intereses de nuestros regantes y de la economía y el empleo del Camp de Elx y de la Vega Baja se lesionan gravemente, ya que en la planificación de sus cultivos contaban con el trasvase de noviembre y el sistema Tajo-Segura no tiene otra posibilidad de agua en estos momentos». Tras la batalla judicial que entabló el Consell contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio para la Transición Ecológica comenzó a aprobar, obligado por la recuperación de la reserva en Entrepeñas y Buendía el trasvase máximo de 38 hm(3) que finaliza este mes.
Los «falsos» argumentos de los daños en la tubería
En el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat ante la sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional también se rechazan los argumentos que esgrimió en noviembre de 2018 el Ministerio para justificar el recorte de los 12,5 hm(3) de agua para riego en el trasvase aprobado. Entonces, se dijo desde Madrid que no se podía enviar más agua debido a las lluvias de finales de aquel mes habían roto las tuberías en el Canal de Cartagena. Una falacia más, porque no era excusa para que hasta el embalse de la Pedrera (Orihuela) hubiera llegado agua del Tajo, porque las tuberías estaban perfectas.
