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El centro de valoración de discapacitados de Alicante tiene 12.000 expedientes acumulados

La falta de personal y de medios provoca que los trámites para obtener el grado de discapacidad se prolonguen hasta un año y medio. La oficina ha adoptado, a petición de las asociaciones, medidas de choque como la de priorizar los casos más urgentes

Centro de valoración de Alicante donde se tramitan los certificados de discapacidad para toda la provincia. Pilar Cortés

Hasta 12.000 expedientes de personas con discapacidad se acumulan en el centro de valoración de Alicante, donde las esperas para obtener el grado de discapacidad son de hasta un año y medio, según ha denunciado Cocemfe, que agrupa a 44 asociaciones de personas con discapacidad en la provincia, y ha constatado este diario con fuentes internas del centro.

Hasta el centro de valoración de Alicante, ubicado en la calle Fernando Madroñal, acuden personas de toda la provincia para tramitar el grado de discapacidad, necesario, siempre y cuando supere el 33%, para poder acceder a determinados derechos, como acceso al empleo protegido, ayudas para coches eléctricos o exenciones fiscales.

La falta de personal y de medios técnicos con los que cuenta el centro de valoración están detrás de este enorme retraso, que afecta sobre todo a las solicitudes que son más complejas y en las que tienen que intervenir médicos, psicólogos y trabajadores sociales. En esos casos las demoras pueden llegar a alcanzar los dos años, según confirman fuentes del centro.

Medidas de choque

Alarmados por la enorme demora que acumulan los expedientes, miembros de Cocemfe se reunieron recientemente con el director del centro de valoración, Francisco Campillo, «quien aseguró que se están adoptando una serie de medidas de choque para reducir la lista de espera, entre ellas la de priorizar los casos de personas con enfermedades graves, de edad avanzada y menores, así como a aquellas que estén pendientes de contratación laboral inminente o en situación de emergencia social», señala Antonio Ruescas, presidente de Cocemfe en Alicante.

Por otro lado, «Campillo informó de que se va a prorrogar el certificado de discapacidad de manera automática durante 2 años a aquellas personas que tienen certificados con fecha de caducidad técnica, es decir, revisables».

Otro de los problemas que denuncian las asociaciones de personas con discapacidad es la imposibilidad de contactar, a través del teléfono, con el centro de valoración. «El director ha anunciado que se van a poner en marcha dos canales de comunicación para que las personas interesadas puedan conocer el estado del trámite: una a través del 012 y otra con el centro de valoración, con una persona que se encargará exclusivamente de atender las consultas».

Antonio Ruescas agradece la adopción de estas medidas después de años en los que las quejas respecto al mal funcionamiento del centro eran ignoradas. «Al menos ya nos escuchan y se ha abierto un canal de comunicación directa para poder ir mejorando los trámites, dando prioridad a aquellas situaciones más urgentes».

Tarjetas de aparcamiento

En el centro de valoración también se tramitan las solicitudes para conseguir la tarjeta para aparcar en espacios reservados para personas con movilidad reducida. También en estos casos la espera es enorme y Cocemfe ha denunciado en reiteradas ocasiones las trabas que se están poniendo a las personas con miembros amputados para darles la puntuación necesaria para poder acceder a esta tarjeta que gestionan los ayuntamientos.

Durante el año pasado, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana tramitó 182 expedientes de queja relativos a los retrasos que se producen a la hora de realizar las valoraciones necesarias para resolver sobre el grado de discapacidad. Las quejas se han triplicado respecto a 2017 cuando se registraron 60. Unas demoras que ya fueron puestas de manifiesto por esta institución en los informes anuales de años anteriores.

La clave

Ventajas

Un certificado necesario para ayudas y empleo

El certificado de discapacidad es necesario para poder acceder a determinados derechos, como acceso al empleo protegido, ayudas para coches eléctricos o exenciones fiscales.

Problemas para encontrar a médicos

Igualdad asegura que ha aprobado un refuerzo para el centro, pero que no pueden cubrir las vacantes de facultativos

Preguntada por esta acumulación de 12.000 expedientes en el centro de valoración de Alicante, la Conselleria de Igualdad, de la que depende este servicio, asegura que los centros de valoración de la Comunidad Valenciana se reforzaron con seis nuevos equipos, de ellos dos para Alicante, lo que supone ocho nuevas plazas.

No obstante, añaden desde el departamento de Mónica Oltra, «los directores de los centros de valoración están teniendo problemas para cubrir las vacantes de los médicos, ya que por la clasificación de las plazas les interesa más irse a trabajar a Sanidad». La conselleria asegura que está en contacto con los colegios profesionales de Medicina para fomentar la cobertura de estas plazas «y se está viendo con Función Pública la posibilidad de reclasificar las plazas para hacerlas más atractivas». La Conselleria de Igualdad no es la primera que tiene problemas para encontrar médicos. Los propios hospitales y centros de salud tienen serias dificultades para cubrir determinadas plazas.

En enero, José Cholbi abrió una actuación de oficio para conocer las causas de las demoras en el centro de valoración. En su respuesta al Síndic, la conselleria achacó estos retrasos al elevado número de solicitudes recibidas en relación con los medios existentes en los distintos centros de valoración.

Una respuesta que no terminó de satisfacer al defensor, quien considera que se están provocando graves perjuicios a las personas con discapacidad que ven demorado el reconocimiento de sus derechos y el acceso a determinadas prestaciones.

Además, puntualiza Cholbi, algunas de estas ayudas y beneficios, por ejemplo para acceder al empleo público o a la Universidad, deducciones fiscales, etcétera, no tienen prevista su aplicación retroactiva, «lo que obligaría a los afectados a iniciar trámites más complejos».

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