El turismo residencial -compraventa de viviendas y alquiler- se ha convertido, utilizando un símil bancario, en un sector «sistémico», (su eliminación afectaría al conjunto de la producción), para la economía de la Costa Blanca al mover un total de 11.000 millones de euros al año, de los que seis mil millones corresponden al gasto de los extranjeros que tienen su segunda residencia en la provincia, y cinco mil euros al movimiento económico del alquiler de apartamentos, villas y chalets, tanto reglados como los que escapan al control de la Administración.
Esta fue, junto a la necesidad de dotar de mayor calidad a los servicios que se ofertan a este tipo de visitante, las dos conclusiones centrales a las que han llegado promotores y expertos universitarios en la jornada «El futuro de la vivienda turística. ¿Una oportunidad para la provincia de Alicante?» organizada por la UA y la Asociación Provincial de Promotores de Vivienda. Solo la venta de 22.000 viviendas a residentes de la UE, Rusia y el norte de África en 2018 movió 6.000 millones de euros en la provincia.
Un buen montante económico que, sin embargo, podría ser mayor si se aprovechara para comercializar servicios sanitarios en este nicho de turistas. Francisco Sarabia, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Miguel Hernández, reveló en su intervención que sólo un 1% del gasto de los turistas residenciales se destina a Sanidad. «Un porcentaje pequeño pero que podría ser interesante para que lo valorara el sector de la sanidad privada», subrayó Jesualdo Ros, secretario general de Provia.Los expertos alertan del nicho de negocio que tiene la sanidad privada de la Costa Blanca en este tipo de visitantes
Raquel Huete, profesora del Instituto de Investigaciones Turísticas y exdirectora general de Turismo, moderó la mesa redonda en la que quedó claro que lo importante es trabajar bien y ofrecer calidad en todos los sectores. No sólo la construcción de viviendas».
Según los datos que maneja Provia, incluidos en un informe de Francisco Llopis, profesor titular del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, el impacto anual de los turistas que tienen su segunda residencia en la Costa Blanca ronda los 5.743 millones de euros. Volumen en el que hay que diferenciar el gasto realizado por los turistas residenciales temporales y los turistas permanentes, ya que los primeros -51,3% del total- generan un impacto cercano a los 3.500 millones de euros mientras que entre los segundos, unos 75.500 turistas que viven permanentemente la provincia, el impacto es de unos 1.200 millones de euros al año. Consumo, impuestos, sanidad... son algunos de los parámetros de gasto.
Unas cifras que, en opinión del secretario general de Provia, Jesualdo Ros, ponen de manifiesto la importancia que tiene esta población para la economía alicantina. «La aportación económica es superior a la de la industria manufacturera y de la construcción juntas», señaló. En lo que se refiere a la compraventa de viviendas, Ros recordó que el año pasado fueron 22.000 los extranjeros que compraron una vivienda con impacto económico de más de 4.000 millones de euros sin contar otras gastos como son los impuestos o la contratación de servicios y profesionales aparte.
Los expertos coincidieron en señalar el turismo residencial como «una oportunidad de futuro para la provincia». En sus intervenciones reclamaron que se apueste por la investigación de este sector de turismo y también que se compartan los datos para «permitir conocer la realidad y planificar el futuro». También pidieron apoyo para una mayor digitalización de las empresas y de los profesionales además de reivindicar el valor del patrimonio de la provincia.
Provia creó, en este sentido, hace dos años una plataforma para defender el alquiler turístico en la Costa Blanca. Los promotores denunciaban que la campaña iniciada por los hoteleros había tenido un efecto negativo en el sector de la edificación turística, en forma de bloqueo a las ventas y una mala publicidad hacia la propia provincia por los anuncios de multas generalizadas a quien no registrara sus casas si las utilizaban para alquilar. Muchos son extranjeros que pasan 8 o 9 meses al año y aprovechan el verano para alquilar sus viviendas.
Alojamiento ilegal
Por otro lado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València ha desestimado el recurso interpuesto por la plataforma de alquiler turístico Airbnb Marketing Services contra la sanción impuesta por Turisme Comunitat Valenciana. En concreto, la empresa demandante solicitaba la nulidad de la resolución sancionadora de 30.000 euros por publicitar y comercializar en internet alojamientos turísticos sin hacer constar el correspondiente número de registro.
Recordar que ya existe jurisprudencia al respecto, puesto que esta es la cuarta vez que la Generalitat gana un recurso de estas características en los tribunales. En concreto, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia ya se pronunció el pasado 23 de noviembre de 2017 a favor de la Generalitat desestimando el recurso presentado por la empresa Homeaway, sentencia que se repitió hace ahora un año ante el recurso interpuesto por Rentalia, y el mes pasado por la plataforma Windu.
