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Las acusaciones rechazan que se aparte al tribunal elegido para juzgar el amaño del PGOU

La Fiscalía Anticorrupción, EU y el Ayuntamiento consideran que no hay motivos para la impugnación porque las magistradas no intervinieron en el auto por el que se procesó a los acusados

Las acusaciones rechazan que se aparte al tribunal elegido para juzgar el amaño del PGOU

Frente común de las acusaciones frente a la recusación de las magistradas designadas para celebrar el juicio por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de AlicanteLa Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida consideran que no hay motivo para la impugnación planteada por la defensa de la exalcaldesa Sonia Castedo. Una recusación que ahora deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ). Las acusaciones rechazan que ninguna de estas magistradas se haya pronunciado sobre cuestiones que afecten al fondo del procedimiento y, por tanto, pueden intervenir en el juicio oral.

Esta causa es una pieza que se desgajó del caso Brugal que empezó investigando una trama de presuntos sobornos en la contrata de basuras de Orihuela y que se desgajó en una veintena de procedimientos. En la causa del PGOU, están acusados, entre otros, los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como el promotor Enrique Ortiz.

La recusación va dirigida contra las magistradas Montserrat Navarro y Margarita Esquiva. La tercer miembro del tribunal, María Cristina Costa, ha planteado su abstención porque intervino en el auto por el que se procesó a la mayoría de los acusados y en el que se dejó fuera del procedimiento al arquitecto redactor del plan bajo sospecha, Jesús Quesada. Esta abstención todavía tiene que ser resuelta por la Audiencia. Los letrados Juan José Martínez Albert y José María Asencio, que defienden a Sonia Castedo en este procedimiento, impugnaron a Navarro y a Esquiva alegando que ya habían dictado resoluciones sobre esta causa judicial.

El fiscal Anticorrupción Felipe Briones considera que «la solicitud carece de argumentación suficiente» y asegura que «la previa intervención resolviendo recursos contra decisiones del juez instructor, no siempre determina una afectación negativa de la imparcialidad». El Ministerio Público añade que ninguna de las dos magistradas intervino en los recursos contra el auto de procesamiento para la mayoría de los acusados. «Además es significativo que ninguna de las dos magistradas haya alegado motivos de abstención, a diferencia de los otros magistrados. Por lo cual no consideran comprometida su imparcialidad», añade el fiscal.

Ánimo dilatorio

Por su parte, el abogado de EU, José Luis Romero, asegura que la recusación tiene «un ánimo dilatorio» y «se limita a citar resoluciones en las que han intervenido las magistradas recusadas» sin aclarar «qué sospechas objetivamente fundadas fundan la pretendida pérdida de imparcialidad del tribunal». En este sentido, insiste en que la imparcialidad se vería comprometida si el tribunal hubiera adoptado «decisiones que supongan una valoración provisional de la culpabilidad» del acusado, no por resolver recursos para «comprobar la corrección legal de la decisión» adoptada por el instructor.

En la misma línea, el letrado de la acusación del Ayuntamiento, José María López Coig, insiste en que «la profusión de recursos de apelación por parte de algunas defensas, intentando obtener pronunciamientos de fondo, ha sido tal, que creemos que la gran mayoría de los magistrados han intervenido en la resolución de alguno de ellos», pero, añade que «esa circunstancia no los inhabilita o contamina por sí misma». A su juicio, «únicamente estarían inhabilitados los magistrados que intervinieron directamente», es decir, los que se pronunciaron sobre el procesamiento de los acusados.

La causa llegó a finales de noviembre a la Audiencia y por reparto correspondió a la Sección Tercera. Los cuatro magistrados de la sala se abstuvieron alegando que habían dictado resoluciones que se pronunciaban sobre el fondo del asunto y podrían estar contaminado para intervenir en el juicio.

Una abstención que sí fue aceptada y que obligó al nombramiento de un nuevo tribunal, el que ahora impugna la defensa de Castedo. La preparación del juicio está a la espera de que se resuelvan las incógnitas sobre los magistrados que formarán para del tribunal, por lo que la fecha es todavía incierta.

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