El alcalde de Alicante, Luis Barcala y el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, dieron el miércoles prácticamente como hecho el traslado de la Oficina de Turismo de la plaza del Puerto a otra ubicación, bien dentro del recinto portuario o, incluso, en una parcela en otra zona de la ciudad. Y lo dijeron cuando apenas faltan tres semanas para que el «pegote» (Barcala dixit) esté acabado en una esquina de la plaza del Puerto. Un enclave en el que la ordenación urbanística portuaria impide construir estructuras fijas pero sí desmontables, naturaleza que sostienen los técnicos tiene la oficina aunque en los trabajos de montaje se hayan observado a soldadores uniendo piezas.
Hoy, la «alarma social» generada por la ubicación de la oficina en la ciudad tiene a la Oficina de Turismo contra la cuerdas pero hay que profundizar en el sainete en el que se ha convertido este mandato municipal -tres años de tripartito y uno del PP, en el Ayuntamiento- para tratar de entender cómo se ha llegado a esta situación, surrealista porque hablamos de una oficina que cuesta 700.000 euros de fondos públicos, a los que hay que sumar otros 90.000 para reforzar el parking subterráneo sobre el que se ha colocado la oficina.
Que Alicante necesita una Oficina de Turismo en condiciones es algo que no cuestionaba nadie en la ciudad desde hace años. Una ubicación acorde con el peso de la ciudad tras llegar a la conclusión de que las que se abrieron en la Rambla, en los bajos del edificio Pro, y en un localito de la Explanada donde fue célebre el escalón con el que se tropezaban los turistas, no servían.
Llegó el tripartito con el alcalde socialista Gabriel Echávarri a la cabeza y uno de los primeros anuncios en 2015 fue que Alicante tendría su oficina, un icono. Se descartó un proyecto realizado por los propios técnicos municipales y tras convencer a Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, el Ayuntamiento rascaba 700.000 euros al Consell para levantar la emblemática oficina. Turismo la pagaba siguiendo al pie de la letra el proyecto diseñado por el promotor, el Patronato Municipal de Turismo.
Entre 2015 y mayo de 2018 se fue tramitando el proyecto a espaldas de la Concejalía de Urbanismo (gestionada por el edil de Guanyar, Miguel Pavón) en la Concejalía de Turismo, a cargo de la edil socialista Eva Montesinos. Se encargó el proyecto a un estudio de Arquitectura externo y se diseñó la Oficina cuya ubicación decidió el propio alcalde, Gabriel Echávarri, porque la idea del arquitecto era colocarla en el centro de la plaza del Puerto, con vistas al Castillo de Santa Bárbara.
El que manda manda y al final se decidió, tras recibir el visto bueno del Puerto, que la Oficina de Turismo se colocara en la esquina de la plaza donde durante 5 años estuvo un carrusel infantil, que acabó en un almacén tras no renovarle la concesión. Previamente, por otro lado, y para que la oficina pudiera ocupar el espacio de donde está decidido sacarla ahora, hubo que reforzar la estructura de la plaza, construida sobre un parking.
Cae el tripartito
Cayó el tripartito pero todo siguió adelante hasta que llegó la hora de pedir la licencia en mayo de 2018 en la Concejalía de Urbanismo ya controlada por el PP. Los técnicos la rechazaron por no ajustarse a la normativa. Incertidumbre y tras unos días en los que el Consell amenazó con no pagar, Barcala se dio cuenta de la magnitud del escándalo y el Ayuntamiento recurrió, en junio del año pasado, a un recurso legal para autorizar la construcción de la oficina sobre la plaza en la que la normativa urbanística portuaria impedía realizar cualquier tipo de obra fija, al tratarse de la cubierta de un aparcamiento público.
Para ello el equipo de técnicos y asesores adscritos a la concejala de Urbanismo, Mari Carmen de España, titular también de las competencias de Turismo, instaron a los redactores del proyecto a revisarlo y realizar los cambios oportunos para que la oficina tuviera carácter desmontable, con lo cual el departamento municipal de Vías la autorizó, tal como había sucedido anteriormente con la cafetería y el carrusel.
La solución alcanzada fue posible al remover todos los obstáculos para que el procedimiento fuera conforme con la normativa municipal y poder declararse formalmente la oficina como una obra promovida por el propio Ayuntamiento, y por lo tanto, quedar exenta de la licencia municipal al ser el Consistorio el promotor.
Hoy, con la Oficina de Turismo a punto de acabar, toca moverla. Algo que no parece tan fácil como se las promete el alcalde Barcala. La oficina cuenta con todos los parabienes legales por lo que habrá que convencer a Turismo y al propio constructor. Y rascarse el bolsillo. El presidente Puig ya ha dicho que no paga. Barcala apela al diálogo. Las obras siguen y esta semana con más operarios que nunca.
