La consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas mantiene una deuda de más de 12,5 millones de euros con los centros de menores de la Comunidad Valenciana. En Alicante, al menos 8 asociaciones que trabajan con este colectivo llevan sin recibir el ingreso mensual del Consell desde el mes de octubre. Los niños y adolescentes se están viendo perjudicados en asuntos relacionados con la alimentación y el ocio, y algunos trabajadores no cobran sus nóminas desde hace tres meses.
La situación es crítica. Entidades en las que se hallan 270 menores de Alicante no están recibiendo los pagos a los que se comprometió el área de Mónica Oltra a través de, entre otros, un contrato iniciado en julio de 2017 que da cobertura a más de 600 plazas en la Comunidad Valenciana. Unos pagos que se deberían estar realizando a mes vencido pero que ya llevan cinco meses de demora en el caso de Alicante y Castellón, y cuatro en el de Valencia.
Desde entonces, las distintas asociaciones que están dentro del acuerdo con el Consell hacen frente a los gastos de personal, alquiler, comida y otros a través de fondos propios y la financiación de los bancos.
Esta demora en los pagos es un problema que viene dándose desde muchos años atrás, poniendo en jaque continuo el recurso social. Sin embargo en esta ocasión la gravedad de la deuda en tan solo cinco meses es mucho más significativa: la problemática tiene una doble lectura que coloca a la vicepresidenta Oltra en la cara amable y en la amarga al mismo tiempo.
En el acuerdo previo al contrato de 2017, las condiciones contemplaban plantillas de trabajadores mucho más pequeñas. En junio de ese año, con el nuevo pacto entre la conselleria de Oltra y las asociaciones, el número de empleados para los centros creció notablemente, una medida que contentó a todos los intervinientes pero que como no estaba acompañada de una puntualidad en los pagos -que actualmente llevan retrasos de hasta cinco meses- ha desencadenado un aumento de la deuda hasta poner en un serio aprieto a las entidades, sobre todo a las de menor envergadura y por tanto menor capacidad de hacer frente a la situación con recursos propios.
Los menores
Entre las asociaciones afectadas que tienen centros residenciales de menores en Alicante, están Nazaret, Congregación R. Jesús María, Fundación Amigó, Socialia Cooperativa Valenciana, F. D. San José Obrero, F. Salud y Comunidad, Nuevo Futuro y Mensajeros de la Paz, entre otras.
Esta última, Mensajeros de la Paz, que pertenece a la Asociación Profesional de Instituciones de Menores (Apime) junto a varias de las anteriormente mencionadas, estaba haciendo frente a la situación hasta el momento a través de préstamos bancarios y recursos de su red interna, que trabaja también en las provincias de Castellón y Valencia.
Pero a partir de hoy, la situación, que hasta el momento había afectado a lo estrictamente económico, salpica también a los menores de los centros. Esta asociación, a modo de ejemplo, se ha visto obligada a tomar medidas como la modificación de las dietas de los menores, la eliminación de las terapias o el abandono de las actividades extraescolares. Los trabajadores en plantilla dejan de cobrar la nómina este mes de abril. Otras entidades ya deben tres meses de salario a sus empleados.
Apime ha denunciado los impagos ante el Síndic de Greuges aunque todavía no ha recibido respuesta. Otras asociaciones que no forman parte de Apime, y que no entran en las cifras mencionadas en este artículo, también sufren la impuntualidad de las mensualidades, lo que aumentaría la cuantía mencionada de deuda.
Miguel Ángel Segura, presidente de Apime, critica abiertamente las circunstancias que se están dando y muestra su descontento con la ausencia de respuestas que está ofreciendo la Conselleria de Políticas Inclusivas. No obstante, y en relación a esa doble cara, reconoce que con el actual gobierno autonómico ha habido «una notable mejoría en el modelo de atención a la infancia. Esto es una verdad como un templo», explicó Segura.
CCOO ha convocado una concentración para el próximo viernes frente a la conselleria en València para exigir el pago inmediato. El sindicato pondrá un autobús para quienes se desplacen desde Alicante.
Treinta y dos años de aprietos económicos
Los directores de varios centros de la provincia se reunían en mayo de 1987 para reclamar unos pagos atrasados que ascendían a más de 50 millones de pesetas. Desde entonces, cuenta Miguel Ángel Segura, presidente de Apime, la Comunidad se ha caracterizado por seguir esta línea de impuntualidad. Aunque hubo una excepción. «En estos treinta y dos años hubo un oasis de tranquilidad entre 2002 y 2013, gracias al sistema de pago del 60% al principio del ejercicio, y el 40% restante a la justificación del 75% del primer 60%».
Las cifras
12,5 millones de euros sin pagar por la Conselleria
La cifra confirmada por Apime se establece en 12'646 millones en la Comunidad Valenciana, aunque la cuantía ascendería notablemente con la suma de otras entidades y tipos de contratos.
270 menores damnificados en la provincia de Alicante
La falta de liquidez lleva a las entidades a la financiación constante de los bancos.
150 trabajadores afectados en las comarcas alicantinas
Algunos dejan de recibir sus nóminas este mes.
Jonatan Ferreira: «Si no hay más ingresos no se podrá seguir la dieta que ha establecido la nutricionista»
Mensajeros de la Paz organizó una asamblea el pasado lunes en la que se explicó a los menores la situación económica actual de la asociación, una de las muchas que no recibe los pagos de la Conselleria de Políticas Inclusivas desde el mes de octubre.
«Se les comunicó que se iban a suspender las pagas, las actividades extraescolares y las recargas de los bonobuses», señala Ferreira al tiempo que apunta que «unos lo entendieron, pero otros no». «Sus extraescolares son el poco ocio que tienen entre semana, y los bonos de transporte les permiten ir a visitar a sus parejas, amigos y familiares».
Los adolescentes rellenaron entonces un documento para trasladar las demandas que cada uno de ellos quería hacer directamente a la conselleria, manifestando el descontento con la situación en la que se encuentran.
«En el caso de que no haya más ingresos no se podrá seguir el menú establecido por la nutricionista, tendríamos que ir saliendo adelante con la comida que quede almacenada o con la que vayan aportando los trabajadores, en caso de que se acaben existencias», cuenta el integrador social. «No se nos permite acudir al banco de alimentos porque se considera que es solapar servicios».
Ferreira se centra en los menores y deja al margen los cambios que su situación laboral va a experimentar desde este mismo mes. Ni siquiera los menciona, pero en caso de no recibir los pagos su cuenta no verá la nómina en abril. «En mi caso voy a seguir trabajando aquí por el arraigo que tengo con esta casa, por las oportunidades que se me han dado aquí», apunta el que años atrás ocupó la butaca de enfrente siendo usuario de este mismo centro.
«Siempre está la esperanza de que paguen, como siempre, en el último momento. Pero si esto se alarga en el tiempo, no sé cuánto durará la plantilla», señala el integrador. En cualquier caso, si Ferreira tratara de ejercer de lo suyo en otro sitio no lo tendría fácil. «Si alguien quisiera trabajar en este puesto se encontraría con una situación parecida en todos los centros de la Comunidad Valenciana».
