La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a revisar al alza los caudales ecológicos del Tajo, por mucho empeño que le ponga el presidente Ximo Puig en tratar de convencernos de que hasta podemos salir ganando con el fallo, tiene toda la pinta de significar el estoque definitivo para el trasvase en unos tiempos en los que la sequía aprieta a todos, el cambio climático reduce las lluvias y, además, empieza a generalizarse en España esa corriente antitrasvasista que arrancó de Toledo hacia arriba, pero que va calando, expresivo el gerundio, cada vez más.
Y no porque lo diga el ministro y candidato socialista Pedro Duque, que casi nos riñe por recordar y valorar positivamente las soluciones hídricas planteadas por el ministro socialista Indalecio Prieto en los años 30. El problema es que, casi 90 años después, los políticos deciden ahora en materia hidrológica en España, caso del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, asturiano como Prieto, ven en el fallo del Supremo la excusa perfecta para condenar a la provincia de Alicante a beber y regar con agua desalada del mar.
El fallo del Alto Tribunal, en plena carrera electoral hacia las Generales del 28 de abril, ha vuelto a sacar lo peor de la naturaleza humana a la hora de oponerse a que Alicante reciba agua de calidad y a buen precio. El ejemplo perfecto lo encontramos en el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, al frente de la legión de demagogos que claman contra el trasvase. Se ha atrevido, incluso, a calificar como «calderilla» los 400 millones de euros que alicantinos y murcianos han pagado durante 40 años por un caudal que, encima, nunca ha llegado en las condiciones que se recogió en la Ley.
«Calderilla» que se envió para que el Gobierno de Castilla-La Mancha realizara las obras hidráulicas necesarias para asegurar el abastecimiento a esas 15.000 personas que residen en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, a muchas de las cuales, en vez de agua, algún presidente les regalaba relojes. Pero no sólo debieran interpelarle por ello al presidente que regalaba los relojes, habría que preguntar también qué fue de los 400 millones de euros a los sucesivos presidentes castellano-manchegos, entre los que figuran cargos públicos que han marcado la vida política en España en los últimos 30 años. Por ejemplo, José Bono, la popular María Dolores de Cospedal, porque aquí el PP tampoco puede declararse el máximo garante del trasvase, digan lo que digan ahora sus representantes en Madrid y en la Comunidad Valenciana.
¿Dónde ha ido a parar esa calderilla? Cuatrocientos millones de euros que no solo se fueron a la cuenca cedente para dotarlas, ese era el objetivo, de infraestructuras hídricas. Cuatrocientos millones de euros que sirvieron para que la provincia de Alicante se convirtiera, gracias al agua del Tajo, en lo que es hoy, una tierra puntera, de acogida y en la que viven decenas de miles de españoles, muchos de ellos castellano-manchegos.
Ximo Puig no es, afortunadamente, García-Page, pero el Consell y los propios regantes han pecado, voluntaria o involuntariamente, de inocentes en estos últimos cuatro años de batalla continua contra quienes cuestionan el trasvase, entre ellos el Gobierno actual, más sensible a las exigencias de Castilla-La Mancha y, por ejemplo, de Portugal -el país vecino recibe en la desembocadura 9.000 hm³ al año, un 30% más del agua que le corresponde en virtud del convenio de Albufeira para garantizar caudales ecológico en los ríos hispano-lusos-, que a las peticiones de Alicante y Murcia, desde donde parte el 50% de la exportación hortofrutícola de España y donde el agua del Tajo mantiene cien mil empleos directos.
Negar el agua del Tajo a la provincia con la excusa peregrina de que aquí el caudal sólo se quiere para los pelotazos urbanísticos es una falacia tal que no merece más comentario. Es como si a algún iluminado de la provincia, de los que deciden por dónde debemos ir, se le ocurriera soltar que prohibiéramos el baño en la playa de Levante de Benidorm o en la alicantina del Postiguet a aquellos manchegos y manchegas nacidos en Toledo. Una estupidez. ¿Verdad?
En España hay, afortunadamente, agua de sobra. Por supuesto que falta mucho por hacer y modernizar, incluso en Alicante, donde somos punteros, pero cerrar el trasvase Tajo-Segura sin tener una alternativa real, -la desalación nunca lo será- sería pegar un tiro en la nunca a una zona de España que genera gran parte del PIB gracias a la industria hortofrutícola y al turismo.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, compartiendo, suponemos, la hoja ruta de su jefa, la ministra Teresa Ribera, está deseando cerrar el trasvase y no se corta. Negro sobre blanco en los últimos días. «La sentencia del Supremo va en la línea de los pronunciamientos del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y en la que trabaja el Gobierno central en los últimos nueve meses de cara a la elaboración de los planes hidrológicos». Más claro, agua. Las cuentas están hechas y son terribles. Por cada metro cúbico de aumento del caudal ecológico en el Tajo habrá que restar 30 hm³ al trasvase Tajo-Segura.
Para echarse a temblar en una tierra donde, además, la media de agua anual que llega del trasvase solo ha cubierto la mitad de lo que se decidió que por ley saliera de los embalses de Entrepeñas y Buendía que, habrá que recordarlo, se construyeron para regular el agua que se envía a Alicante y Murcia. No para crear playas artificiales. El Gobierno apuesta por el agua desalada. Correcto, pero solo puede ser un complemento si, además, algún día se puede distribuir por la provincia. La macroplanta de Torrevieja (350 millones de euros) solo produce 40 hm³ al año y el 80% del agua se va hacia el Campo de Cartagena porque no hay conexiones con las comunidades de regantes de la provincia. ¿Alguien lo entiende?
Los catedráticos de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina y Antonio Rico, referentes académicos de la investigación sobre el agua en el sureste español, acaban de presentar su último libro. Un extensa obra documentada sobre el Canal Bajo del Algar, obra de ingeniería que permite trasvasar agua del río a Benidorm desde 1964 y sin la que sería difícil explicar lo que hoy es el principal destino turístico de la península. Se inauguró hace 55 años, dos años después de la muerte de Indalecio Prieto, por si Pedro Duque no lo sabía. Un ministro, madrileño, que como tantos paisanos se enamoró un día de Xàbia donde llueve pero también tiran de agua desalada. Duque, al menos, se ha mostrado sincero y no engaña a nadie en sus planteamientos sobre cómo administrar el agua en España. Otros candidatos, más veteranos, hablan, prometen pero saben que nunca harán nada. Alicante no puede prescindir de ningún caudal. Sea del Tajo, desalada, residual depurada. Señores candidatos al 28 de abril. En Alicante con el agua no se juega, ni se comercia.
El hartazgo de los regantes en España es tal que han pedido a los partidos políticos que en el próximo Gobierno quieren salir de Transición Ecológica y Agricultura y estar adscritos al Ministerio de Fomento. ¿Por qué será?
