La controversia entre varias comunidades autónomas por el Tajo-Segura, después de la sentencia del Tribunal Supremo que deja en el aire el futuro del trasvase por no fijar caudales ecológicos, sube de intensidad. Y cada vez más. Castilla-La Mancha y Murcia han protagonizado las últimas polémicas. El presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García Page sorprendió ofreciendo devolver a las comunidades de regantes de provincias como la de Alicante el dinero de lo que se conoce como compensaciones por las tarifas del acueducto Tajo-Segura a cambio de que «devuelvan el agua» o que, simplemente, «se acabe el trasvase». Y en un tono muy duro añadió que la reciente sentencia del alto tribunal sobre las tarifas del trasvase pone de manifiesto que, durante años, los regantes han estado pagando «chucherías o calderilla» por el agua del Tajo.

Del mismo modo, Page reclamó la realización de una auditoría oficial sobre «el negocio oscuro en torno al agua en el Levante español» y advirtió de que si el Gobierno de España o las confederaciones hidrográficas tuvieran la intención de ejecutar dicha sentencia «antes a costa de los regantes del Tajo que de los que reciben el trasvase, se van a encontrar enfrente al Gobierno de Castilla-La Mancha de una manera clara y rotunda, no solo en los tribunales».

En la misma línea, el presidente regional manchego volvió a abogar por priorizar las desaladoras frente al trasvase. Así, Page planteó la posibilidad de subvencionar el agua desalinizada y fijar el mismo precio que el que tiene actualmente el metro cúbico del agua del trasvase, siempre y cuando las infraestructuras ya construidas -y en las que se llegaron a invertir más de 500 millones de euros- comiencen a ser consideradas como un recurso prioritario para el abastecimiento hídrico y se abandone el acueducto Tajo-Segura. «Se pueden hacer muchas cosas porque hay tecnología que nos puede proporcionar agua».

Las palabras de García-Page fueron contestadas con similar contundencia por el presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, quien ayer dijo en una convención regional sobre el agua, que «no se puede hablar de una mafia de agua en el Levante» como insinuó García-Page, «porque es mentira, una sandez y es una acusación falsa». López Miras anunció además que mañana lunes convocará a los presidentes de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para abordar «la afrenta que se está haciendo al trasvase y a su viabilidad. Quiero poner cordura, sensatez, unidad y solidaridad en una cuestión que es de todos los españoles», agregó.

«Quiero „dijo López Miras„ poner cordura para que se garantice el reparto de un bien que es de todos los españoles y se quite el agua de las batallas políticas sin sentido, de las bravuconerías y de las sandeces», añadió.

Si se encarga la auditoría que pide García-Page, el presidente murciano anunció que encargará otra para que se diga donde está cada uno de los más de 400 millones de euros que los regantes han pagado al resto de los españoles, y donde están cada uno de los más de 190 millones pagados a Castilla-La Mancha por el pago del trasvase «ya que no me gustaría que se hubiera producido desviación de fondos públicos, porque eso sería muy grave.