La Audiencia de Alicante ha revocado el procesamiento a la cúpula de Urbanismo de la exalcaldesa del PP Sonia Castedo al descartar que cometieran un delito de prevaricación por no actuar en el caso de un chalé que invadía zona verde en el Cabo de las Huertas, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario contra la que no cabe recurso.
La querella se presentó por una ciudadana particular a través del abogado José Luis Romero que denunciaba que el cerramiento de ese chalé invadía zona verde y parte del viario de la calle Marrajo, y que se les había permitido ocuparlo sin que se hubiera restituido la legalidad urbanística de la parcela.
La denuncia se dirigía contra el que fuera responsable de la Gerencia de Urbanismo, Enrique Sanus; el técnico José María Navarro, que llegó a estar al frente de este servicio; y una topógrafa municipal. Los dos primeros formaban parte de la cúpula de Urbanismo durante el mandado de Castedo. Sanus, a quien ha defendido el bufete de Juan Carlos Molina, está jubilado en la actualidad, mientras que Navarro está destinado a la concejalía de Seguridad.
Un juzgado de Alicante adoptó el pasado mes de mayo la decisión de llevarles al banquillo y ahora la Audiencia ha revocado esta decisión. La Sección Décima asegura que de la documentación aportada «no puede sostenerse una inactividad absoluta por parte del Ayuntamiento para perpetuar una ilegalidad urbanística» y sostiene que se le denegó la licencia e intentó impedir el uso de la vivienda, medida «que no resultó efectiva por revocarla una orden judicial que era contrario a lo ordenado por los responsables municipales». La sala, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Javier Marfil, concluye que hubo una actividad por parte de la corporación, tendente a evitarla, «ciertamente lenta por los diversos avatares (administrativos y judiciales) sucedidos con relación al otorgamiento de la licencia, su ejecución y licencia de primera ocupación». En este sentido que hasta se impusieron multas para tratar de restablecer la legalidad, aunque éstas no pudieron hacerse efectivas. La Audiencia señala que la mera omisión de actividad no es integradora de un delito de prevaricación urbanísta y que en la causa no se señalan cuáles han sido la resoluciones omitidas por parte de los técnicos para que se les pueda imputar ese delito.
Planos
A la topógrafa se la acusaba de alterar los planos de la parcela para que coincidieran con el trazado que favorecía a la promotora. El plano contradecía otro de 2002 de otro topógrafo municipal que acreditaba esta ocupación indebida del suelo y que sirvió para que el Ayuntamiento paralizara la obra en su día. Sin embargo la Audiencia considera que las diferencias entre los informes topográficos «son de escasa entidad» y explicables desde el punto de vista de «divergencias puntuales entre peritos».
Los hechos se remontan al año 2001 cuando los vecinos denunciaron la ocupación de zona verde por parte de la construcción de la mercantil Urbana Juárez S. L. Se inició así un escarpado camino judicial que se ha traducido en dos querellas y varios procedimientos por la vía contencioso-administrativa. Cuando se presentó la primera denuncia la responsable de Urbanismo era Sonia Castedo que declaró en el juzgado por estos hechos. La primera querella fue archivada porque el juez entendía que el delito no podía existir en tanto no se firmara la certificación final de obra ni licencia de primera ocupación y se estableciera la correcta alineación del cierre de la parcela. Cuatro años después de esta decisión, se presentó nueva denuncia alegando que el chalé ya estaba ocupado y que tenía uso residencial sin la licencia de primera ocupación.
Un caso por el que declararon la exalcaldesa y Romeu
Tanto Sonia Castedo como Marta García Romeu tuvieron que ir en su día a declarar al juzgado como querelladas por estos hechos al ser las responsables de la concejalía de Urbanismo en distintos momentos del dilatado recorido judicial de esta denuncia. Para Castedo el asunto se cerró tras el primer archivo de la querella, mientras que para García Romeu el juzgado no vio indicios de delito en su actuación pero continuó el procedimiento.
