El Supremo da otro varapalo a los regantes que les obliga a seguir pagando el 'tasazo'

Según ha indicado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, las comunidades de regantes están obligadas a pagar 12,8 millones de euros para costear la infraestructura, tanto si llegan trasvases como si se cierra el grifo del Tajo porque no hay suficientes caudales para desembalsar. Los regantes han conocido este fallo judicial cuando aún están calculando los efectos de otra sentencia que impone la revisión del Plan Hidrológico del Tajo para contemplar los caudales ecológicos.

Por su parte, la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que también recibe de los embalses de Entrepeñas y Buendía parte de los caudales que suministra a los 80 municipios de la Región y de la provincia de Alicante, tendrá que pagar 5,8 millones de euros por la utilización de los canales del Trasvase, que tendrán que repercutirse a las familias en el recibo del agua, tal y como advirtió Lucas Jiménez.

El presidente del Scrats añade que la situación creada tras la sentencia podría llevar a la paradoja de «tener que pagar por una infraestructura que no se utiliza». Pese a desestimar el recurso contra la orden ministerial dictada durante el mandato de Isabel García Tejerina en 2017 como titular de Medio Ambiente y Agricultura, el fallo del Supremo «da algunas pistas» y sugiere a los demandantes que recurran las liquidaciones del Ministerio.

Jiménez señaló que desde la entrada en vigor de la normativa que obliga a pagar el canon haya o no haya trasvases la factura acumulada suma 25 millones de euros. Añadió que los servicios jurídicos están estudiando las respuestas legales al fallo del Supremo contra el 'tasazo', aunque creen que caben respuestas «políticas». A su juicio, estas soluciones políticas «tienen que ser aportadas por los políticos, que son los que han generado buena parte de nuestros males».

Recordó que el Trasvase ha sufrido varios recortes del volumen trasvasable a través de medidas legislativas que primero establecieron el límite mínimo para enviar agua al Segura en 240 hectómetros cúbicos y después elevaron las reservas necesarias para desembalsar a 400 hectómetros cúbicos. «Quienes han creado el problema, ahora tienen que dar un paso al frente y solucionarlo», según Jiménez, quien cree que castigar al tejido productivo y medioambiental del Levante «con costes excesivos y viendo reducida la posibilidad de recibir agua trasvasada no es un problema de los regantes en particular ni de la sociedad levantina, sino de toda la nación».

Esta sentencia del Supremo supone un nuevo varapalo para los regantes, que aún están tratando de encajar la sentencia del Alto Tribunal que obliga a destinar parte de las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía que alimentan el Trasvase a mantener los caudales ecológicos del Tajo.

Pese a la desazón que este fallo ha supuesto para los usuarios del Acueducto, el presidente del Scrats señalaba tras la junta de gobierno celebrada ayer que el establecimiento de los caudales ecológicos del Tajo no tendría por qué suponer una gran merma para el Trasvase, siempre que estas necesidades no se inflen artificialmente para colapsar el Acueducto.

Pese a los augurios de Castilla-La Mancha, que ve en esta sentencia una forma de reducir al mínimo los trasvases a la cuenca del Segura, Lucas Jiménez no lo da todo por perdido y se muestra confiado en que el volumen asignado a los caudales ecológicos no puede ir más allá de los recursos que «un río puede garantizar» de forma natural. Añadió que si no existieran Entrepeñas y Buendía, el Tajo «no podría disponer de esos caudales».

Recordó igualmente que el único beneficiario de una maniobra tendente a reducir los caudales que llegan a la cuenca del Segura sería Portugal y destacó que el Tribunal Supremo ha rechazado muchas de las pretensiones con las que Castilla-La Mancha llevó a los tribunales el Plan Hidrológico del Tajo. Entre las demandas desestimadas por el Supremo figura, por ejemplo, el intento de que se reconozca el derecho de los municipios ribereños a disponer de caudales suficientes para usos turísticos y recreativos.

Dejó claro también que la calidad del agua a su paso por Aranjuez o por Toledo no va a mejorar si no se produce una depuración de calidad que evite la degradación del Tajo. En este sentido, anunció que el Sindicato de Regantes va a mirar con lupa el uso del dinero que aportan los usuarios del Trasvase con destino a la construcción de infraestructuras en las comunidades cedentes.

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, dijo este lunes en Lorca que la sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente el plan hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en algunos tramos «no habla del trasvase al Segura», sino solo del río que nace en Castilla-La Mancha, informó Efe.

«No se puede tocar el trasvase», porque en su opinión «no se puede poner en cuestión una infraestructura imprescindible para España» y a la que el PP «no va a renunciar» porque «lleva 40 años generando prosperidad, puestos de trabajo y futuro para el levante» español. López Miras apostó por «la solidaridad, porque en España hay agua para todos y una reserva hídrica suficiente».

Artillería mediática de Castilla-La Mancha

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, reconoce que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a incluir los caudales ecológicos del Tajo en la distribución de los recursos de cabecera de los que se alimenta el Acueducto ha dado pie a Castilla-La Mancha para sacar «la artillería mediática» en vísperas de elecciones. Sin embargo, Lucas Jiménez considera que el fallo ha puesto coto a las pretensiones de las instituciones manchegas que presentaron el recurso e incluso fortalece la posición jurídica del acueducto Tajo-Segura, dado que lo que dice la sentencia es algo que estaba previsto, aunque había una moratoria para aplazar el establecimiento de caudales ecológicos hasta 2021.