El golpe dado por el Tribunal Supremo al futuro del trasvase Tajo-Segura, anulando los artículos que hacen referencia a los caudales ecológicos del río en Aranjuez y Talavera de la Reina, que deberán ser elevados, al igual que sucederá con la reserva estratégica de los embalses de Entrepeñas y Buendía, parece formar parte del guion marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez y por la que fuera ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cuando en 2005 modificó el Plan Hidrológico Nacional para eliminar el trasvase del Ebro y diseñar el plan con el condenaba a la provincia a basar su futuro en el agua desalada. (Puede leer AQUÍ la sentencia)
Llegó después el PP, ese partido que cuando está en la oposición parece tener la varita mágica para solucionar el problema hídrico, pero cuando llega al poder se topa con el centralismo antitrasvasista, se queda sin ideas y termina siendo un mero seguidor de las políticas socialistas. Llegamos a marzo de 2019, con el fallo del Supremo y las elecciones generales a la vuelta de la esquina y el futuro del Tajo-Segura se antoja, por tanto, más complicado que nunca porque, además,y pese a las cuatro gotas de ayer, el cielo no ayuda.
La sentencia del Supremo obliga a modificar, o sea aumentar, los caudales ecológicos en esa parte del río, su cabecera, donde la sequía es tan cruel como en Alicante (para nota, por cierto, el que diseñó que el acueducto arrancara en Entrepeñas y Buendía). Las cuentas están claras: por cada metro cúbico por segundo que se eleve el caudal se reducirán 30 hm³ al año del trasvase a Alicante y Murcia. Como el objetivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo es duplicarlo, es decir, de los seis actuales pasar a 12 m3 por segundo, la merma se queda en 180 hm³ al año sobre unas existencias, que rara vez superan los 600 hm³ y con la espada de Damocles de la línea de los 400 hm³ de reservas a partir de la cual se cierra el trasvase.
Hace tres años, cuando Mariano Rajoy y sus colaboradores nos vendieron que el «memorándum» del Tajo acabaría con todos los problemas, plantearon aquello de que o caudales ecológicos o subir la reserva. Se optó por lo segundo. Ahora, el Supremo ha fallado algo así como el «2x1», lo que deja el trasvase contra las cuerdas, y hace que Alicante sume una nueva derrota en su lucha por asegurarse un suministro de agua de calidad y a buen precio.
Alicante pierde la lucha judicial y la mediática. Fuera piensan que solo queremos el agua para dar pelotazos urbanísticos
La provincia pierde la batalla judicial como en su día perdió la política y la mediática. ¿Mediática? Desgraciadamente, la demagogia se ha impuesto en Madrid y en el resto de España, alimentada por los casos de corrupción, que ven a la Comunidad Valenciana como el lugar en el que el agua solo se quiere para alimentar el ladrillo y los pelotazos. Nadie valora que somos buena parte de la huerta de Europa, y de que de los beneficios de la agricultura viven también buena parte de los españoles, los mismos que se duchan cuando veranean en la Costa Blanca.
Discurso que han utilizado, sucesivamente, los diferentes gobiernos de Castilla-La Mancha para hurgar en una herida que siempre se cerró el falso. Ayer mismo, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, anunciaba una nueva cruzada en Europa para tratar de elevar la reserva en Entrepeñas y Buendía a los 800 hm³. Y lo dijo dos días después de reunirse con José Luis Ábalos, qué casualidad, el sábado, el mismo día en el que, oportunamente, se filtró la sentencia del Tribunal Supremo. El recorte de los caudales ecológicos del Tajo es una estrategia que en Castilla-La Mancha se viene trabajando desde 2010 y que caló en el Ministerio para la Transición Ecológica, el primero en buscar alternativas al Tajo-Segura. Dicen los que conocen el problema del agua, que el gobierno manchego ha interpretado la sentencia a su manera. ¿Y qué? La hoja de ruta contra Alicante en materia de agua se dibujó hace tiempo. Es más, el viernes pasado, el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, volvió a insistir, un día antes de conocerse la sentencia, en que pese a lo que nos pese la desalación es el futuro.
¿Desalación? En Alicante, en un caso análogo al de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, donde carecen de la urgente conexión con el Tajo por la dejadez de los gobiernos regionales que pasan por Toledo tampoco hay conexión con la desaladora de Torrevieja para más de 30.000 agricultores que reciben lo mínimo del Tajo.
La planta de Torrevieja, con un coste de 350 millones de euros pagados con el dinero de todos los españoles, los que tienen agua y también los que hacen equilibrios para aprovechar hasta la última gota del escaso recurso, no tiene conexión para abastecer de agua de riego con el 80% de los agricultores de la provincia de Alicante, entre ellos los 20.000 comuneros de Riegos de Levante, que la compran en la planta de Agua Amarga a 0,80 euros el metro cúbico, una ruina.
Ximo Puig es el único socialista que se moja, asegura que no consentirá recortes. Hasta ahora poco caso le hacen en Madrid
Acuamed, solo tiene conectada en la provincia su desaladora con la Mancomunidad de Canales del Taibilla, la entidad que se encarga de dar agua potable a 54 municipios, entre ellos Alicante, Elche y toda la Vega Baja. Una desaladora de 350 millones de euros que solo puede dar agua para beber en el sur de la provincia. Alguien debiera recordárselo a la ministra en funciones Teresa Ribera, la misma que se ha pasado la legislatura tratando de poner fecha de caducidad a los trasvases y, por lo tanto, apuesta por la solución final.
Los agricultores alicantinos no son los mayas, pero al paso que marcan los sucesivos gobiernos de Madrid, les puede pasar lo mismo. Se quedaron sin agua y desaparecieron. Cien mil empleos en juego.
De cara al 28 de abril nos ha tocado en suerte el ministro Pedro Duque como cabeza de lista al Congreso por el PSOE. Esperemos que baje de las nubes y pise algún bancal. Por el PP un César Sánchez, que prefiere el ruido a las nueces y del resto de los partidos poco que esperar. Llevan el antitrasvasismo en su ADN. Ayer, Vox anunció como cabeza de lista al Congreso por Alicante a un teniente general del Ejército del Aire retirado (sic). La vida sigue, la sequía también y el Tajo entregando todos los años 9.000 hm³ a Portugal. Así luce la desembocadura de Lisboa.
Ximo Puig, el único socialista que se moja, asegura que no lo consentirá. Hasta ahora poco caso le han hecho en Madrid, donde parece que el recorte está claro.
