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La provincia de Alicante lidera las infracciones laborales con 2.000 casos al año

Los inspectores de trabajo están saturados por la carga que deben atender, con cerca de 16.700 actuaciones anuales

La provincia de Alicante lidera las infracciones laborales con 2.000 casos al año

Sonia Rodríguez es una alicantina de 42 años con jornadas interminables de trabajo en una fábrica de calzado. Lleva a sus espaldas innumerables horas extras que no se pagan ni cotizan a la Seguridad Socialporque no están contabilizadas. Cobra un salario de 800 euros que a todas luces es insuficiente para hacer frente a los gastos cotidianos. Ha solicitado un contrato a tiempo completo y una mayor cotización a la Seguridad Social, aunque la respuesta de sus jefes ha sido muy clara: «Otros ocuparán tu lugar si no te interesa». Como ella, miles de personas en la provincia sufren prácticas empresariales ilegales que se traducen en empleos sin contrato, infracotizaciones, motivos de extranjerías, precariedad y temporalidad. Y ante la picaresca empresarial, el control se intensifica. La Inspección de Trabajo abrió cerca de 2.000 infracciones a empresas de la provincia por irregularidades en las contrataciones durante 2018.

El medio centenar de inspectores que trabajan en los municipios alicantinos realizaron un total de 16.696 actuaciones, de las que abrieron 1.932 sanciones. Además, tienen por delante otras 15.000 visitas para este 2019. El objetivo es sacar a la luz incidencias en el mercado laboral como trabajo no declarado, garantizando así los derechos de los trabajadores. Así lo ha explicado el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad, Francisco Rogero, quien ha aclarado que la función principal de estos controles es velar por el cumplimiento de la normativa de orden social en sus distintos campos como con las relaciones laborales, el empleo, la seguridad social y la prevención de riesgos laborales.

54.383 controles previstos en la Comunidad en 2019

15.010 controles previstos en la provincia en 2019

Alicante es la provincia española con un mayor porcentaje de anomalías en relación al número de inspecciones. La economía sumergida es su principal lacra en el aspecto laboral, convirtiéndose en una realidad difícil de abordar por su magnitud y complejidad. En términos globales, la Inspección de Trabajo solo detectó más ilegalidades en Madrid y Barcelona. La mayor parte de operarios estaban trabajando sin dar de alta y hubo muchos casos relacionadas con las prestaciones que concede la Seguridad Social a empresas y trabajadores. También se dieron situaciones en los que la formalización de contratos temporales se deberían haber acordado como fijos. Cuentan los sindicatos que llegan a encontrarse a operarios sin dar de alta en altillos, escondidos en puertas contiguas la fábrica o a muchos que intentan huir.

Las visitas de la Inspección se dedican exactamente a evitar este tipo de conductas. El proceso comienza con la identificación de los empleados para evitar la economía sumergida, en muchos casos impresa en en el ADN de los empresarios.

Solo en 2017 los inspectores abrieron 2.066 infracciones relacionadas con la Seguridad Social con multas de casi 34 millones de euros, poniendo en valor que las conductas ilegales se han extendido a todos los sectores económicos, sobre todo a la hostelería, el comercio y la industria manufacturera. Una vez detectada la ilegalidad, la Inspección promueve el alta de los trabajadores afectados en la Seguridad Social, aplicando el convenio del sector. Además, hace un seguimiento para comprobar que no han sido dados de baja, bajo la amenaza de ser sancionados.

En el campo del control del empleo irregular y el trabajo de extranjeros, la Inspección desarrollará 16.235 actuaciones en la Comunidad, de las que 4.494 controles se realizarán en Alicante. A nivel general, la Dirección Territorial realizará este año 54.383 inspecciones en la Comunidad (31.709, en València; 15.010, en Alicante; y 7.664, en Castellón), en el área de riesgos laborales; de empleo; de Seguridad Social y de economía irregular.

El anuncio de estas visitas tiene una finalidad disuasoria para que las empresas dispongan de tiempo suficiente para regularizar la situación: «Lo hacemos para que los empresarios tomen conciencia. Lo promocionamos para que estén al corriente y se pongan al día en todo», según Francisco Rogero.

Por su parte, los sindicatos centran gran parte de sus esfuerzos en luchar contra la temporalidad. Según el secretario de Organización y Empleo de CC. OO. Vinalopó-Vega Baja, Antonio Ferrández, la gran mayoría de contratos eventuales están en fraude de ley: «La gente puede reclamar ante un despido porque en la mayoría de ocasiones no está justificada la temporalidad. Este fraude se está dando constantemente».

Una práctica habitual en las empresas es recurrir a la figura del «fijo discontinuo» mediante la que las mercantiles se desvinculan en cuanto a salario y Seguridad Social al hacer constar los periodos estimados de inactividad anual por los cambios de temporada. El plan director aprobado contra la economía irregular aflora muchos de estos contratos ilegales aunque, según Antonio Ferrández, «la inspección no da abasto y en lugares como el Vinalopó y Alcoy con la industria, Benidorm con la hostelería, la Vega Baja con la agricultura, el número de inspectores son insuficientes». Para el responsable de CC OO, la conclusión que todo empresario debe tener en la cabeza es que «todo aquel que trabaje tiene que tener un trabajo digno. Las empresas no pueden tener trabajadores eventuales, salvo excepciones».

Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina, lamentó el alto número de infracciones por irregularidades como no estar dado de alta, cotizaciones que no corresponden, jornadas sin declarar o incluso retribuciones en negro. Sánchez destacó la incidencia y esfuerzos sindicales realizados en los últimos años para intentar que las empresas cambien su mentalidad. Sin embargo, los datos siguen sin ser positivos y todavía «quedan muchos que no cumplen la norma». Yaissel Sánchez ha hecho un llamamiento a los empresarios para que cumplan lo establecido «porque en materia de Seguridad Social es su responsabilidad». Además de vulnerar los derechos de los empleados, este tipo de prácticas genera una competencia desleal dentro del mercado con empresas que sí cumplen la normativa y se ven en desventaja con otras, «lo que genera, además, que se vulneren los derechos de toda la ciudadanía por la falta de cotizaciones que derivan en el conjunto de las prestaciones para toda la población. Es bochornoso».

Más horas en el trabajo no es sinónimo de mayor productividad. Este es el principal mensaje de los sindicatos que hacen hincapié en que las jornadas maratonianas y la vulneración de derechos repercute negativamente en los resultados obtenidos.

Escasez de inspectores

Escasez de inspectoresUn total de 28 inspectores y 29 subinspectores recorren los municipios alicantinos contra la explotación laboral, una cifra que resulta insuficiente para la propia Dirección Territorial y también para los sindicatos, quienes han recordado la promesa del Gobierno de reforzar la plantilla en la lucha contra el fraude y aumentarla en un 25% en tres años. Además, aseguran que los funcionarios están totalmente desbordados por la saturación y carga de trabajo que deben atender ya que, en estos momentos, cada inspector hace una media de 293 controles al año en los que verifican el alta en la Seguridad Social, vigilan el cumplimiento de las jornadas laborales y comprueban si los contratos temporales están justificados.

Más de 3.400 contratos temporales convertidos a fijos

El balance de los dos planes de choque puestos en marcha por el Ministerio de Trabajo entre agosto y diciembre del pasado año es de más de 3.400 contratos temporales convertidos en indefinidos y más de 600 trabajadores alicantinos con un empleo a tiempo parcial que vieron ampliada su jornada laboral. Según los datos facilitados por el director territorial, la cifra de regularizaciones o transformaciones de contratos potencialmente irregulares es superior en el conjunto de la actuación del organismo al formar parte de su actividad ordinaria.

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