El acuerdo del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante de eximir al empresario Enrique Ortiz del abono de 720.000 euros de los 850.000 euros acordados en 2003 en concepto de garantías por la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos en la ciudad (Catedrático Soler, López de Osaba y Padre Esplá, que hasta la fecha no se ha construido) ha indignado al grupo de Guanyar.

Según recuerda la formación que lidera Miguel Ángel Pavón, el 28 de diciembre se aprobó que se devolverían 850.000 euros por estas obras a Ortiz e Hijos si la nueva mercantil creada por el empresario, Aralcayna, ponía esa misma cantidad como garantía. El acuerdo de la Junta de Gobierno, sin embargo, ha sido devolvérsela a cambio de 130.000 euros, con lo que Ortiz recupera 720.000 euros.

Pavón lo considera irregular y exige al alcalde, Luis Barcala, que anule de oficio esta decisión, y que el expediente se retrotraiga al momento en que debió incorporarse el informe de fiscalización de Intervención. Según el edil de Guanyar, el PP acepta las alegaciones de Ortiz contra el pago de la garantía sin el preceptivo informe del interventor. «Estamos hablando de un financiador ilegal confeso del PP en el caso Gürtel y de un presunto corruptor urbanístico en el caso Brugal, dos casos de corrupción que afectan de lleno al PP», señala Pavón, que considera que se está perdonando dinero al empresario que finalmente acabará en sus bolsillos.

La Junta de Gobierno del martes aceptó las alegaciones de Ortiz para que su nueva empresa -Aralcayna SL- recupere las garantías por la construcción de los tres aparcamientos subterráneos que le fueron adjudicados en 2003 a Ortiz e Hijos.

Según recuerda Pavón, el 28 de diciembre de 2018, el equipo de gobierno ya aprobó la «extraña cesión» del contrato entre las dos mercantiles, en la que se estipulaba que se devolverían esos 850.000 euros a Enrique Ortiz e Hijos cuando Aralcayna depositara previamente esa misma cantidad como garantía del contrato.

Sin embargo, «ahora no se le exige a la nueva empresa concesionaria de Ortiz que deposite 720.000 de esos 850.000 euros, un dinero que irá directamente a los bolsillos de Ortiz pese a que el periodo del contrato expira el 1 de agosto de 2046 para el aparcamiento de Catedrático Soler y el 13 de febrero de 2047 para el de López de Osaba».

Es decir, que la nueva mercantil del empresario solo tendrá que aportar una garantía de 130.000 euros. Ortiz alegó al entender que solo ha de hacer frente a la fianza por la explotación y que debe procederse a la cancelación y devolución de la garantía por las obras. Guanyar considera que hasta que no expire el contrato y se liquide, no puede devolverse ni un euro.

Por su parte, la concejala de Contratación, María Dolores Padilla, aseguró ayer mediante un comunicado que no se ha devuelto a Ortiz ninguna garantía y que se tramita el expediente de cesión de contratos, con el visto bueno del interventor y de la asesoría jurídica, «por lo que no hay motivo para negarlo». «Lo que se ha aprobado -añade- es el inicio del expediente para la devolución de la garantía de las obras y todavía está en fase de tramitación ya que se tiene que informar por el servicio de Tráfico», afirma la edil.