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Competencia carga contra las trabas a Uber y Cabify que benefician al taxi

El órgano de la Generalitat dice que la norma limita de forma «artificial» la «evolución tecnológica»

Competencia carga contra las trabas a Uber y Cabify que benefician al taxi

El decreto del Consell que restringe la actividad de plataformas como Uber o Cabify y que se está tramitando en estos momentos sigue siendo objeto de las críticas de las autoridades que velan por la libre competencia entre operadores económicos. Si hace unas semanas la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat ya pedía a la conselleria que no restrinja la actividad de los competidores del taxi, su informe definitivo donde analiza el decreto ley resulta demoledor.

El dictamen firmado el pasado martes por la presidenta de la CDC, Carmen Estevan de Quesada, entra al detalle de cada medida restrictiva a las licencias de alquiler de vehículo con conductor (VTC), que son las que operan a través de Uber o Cabify. Sobre el tiempo de espera de 15 minutos previos a la prestación del servicio, Competencia entiende que «esa exigencia supone una importante limitación», teniendo en cuenta sobre todo que el modelo de negocio de estas aplicaciones se basa precisamente en la precontratación del servicio con rapidez, señala.

Ve la limitación «artificial», porque va en contra de la «evolución tecnológica» del mercado; y «discriminatoria», ya que solo se aplica a los operadores de VTC y no a los taxis, pese a que también estos ofrecen a través de varias aplicaciones la posibilidad de la precontratación. «Es una importante distorsión competitiva en el segmento de mercado de la precontratación en beneficio del taxi», concluye.

Aunque la legislatura está en el tiempo de descuento, el Consell se encuentra en estos momentos tramitando este decreto ley, al igual que otras comunidades como Cataluña, que también fijan este tipo de limitaciones. El departamento de Transporte ha enviado a todas las consellerias el texto para que sea informado. El dictamen de Competencia no es vinculante, a diferencia del de la Abogacía de la Generalitat, que ya está estudiando el proyecto. Organismos jurídicos como el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya ya han advertido de las posibles responsabilidades económicas de las autonomías ante las demandas millonarias que presentarán las empresas con flotas de licencia VTC. En el caso de la Comunidad Valenciana, la patronal Unauto VTC ha anunciado una demanda de 166 millones a la Generalitat en concepto de indemnización por la pérdida de valor de unas licencias en las que pequeñas empresas y grandes fondos han invertido mucho dinero en los últimos años.

Otros aspectos criticados

Al margen de la cuestión de la precontratación -la más polémica y que ha llevado a las empresas de VTC a amenazar con abandonar la actividad en València-, el informe de Competencia también critica otros aspectos. Como la prohibición de uso de la geolocalización o estacionar en vías públicas o áreas de concentración de viajeros. Y reflexiona: «En cuanto a la movilidad, tráfico y congestión atmosférica, estas prohibiciones tienen el efecto contrario, ya que obligan a las VTC a realizar desplazamientos adicionales hacia los lugares de estacionamiento que tengan habilitados, con los consiguientes efectos negativos en estos tres parámetros», apunta.

El único aspecto del proyecto regulatorio que respalda el órgano de Competencia de la Generalitat es la obligación de que la sustitución de vehículos VTC sea por híbridos o 100% de energías limpias. Eso sí, también critica de nuevo que no se aplique esta premisa también al taxi, lo que ve «discriminatorio».

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