Los profesores y profesoras que tienen concedido el correspondiente permiso de paternidad o de maternidad, en su caso, se están viendo obligados a reclamar de nuevo por la vía jurídica las cantidades que les está reteniendo en nómina la Conselleria de Educación, pese a que desde octubre de 2018 una sentencia firme del Supremo deja exento de la renta estos permisos.
Nóminas de profesores de la provincia afectados por esta medida incluyen efectivamente una retención del IRPF que asciende a una media de 400 euros por mes de permiso. «Es un dinero que corresponde a cada uno de los profesores pero se lo está quedando la conselleria. Es una situación similar a la de los impagos sufridos en noviembre y diciembre por los interinos que no habían sido incorporados al cómputo de la nómina mensual, por dejadez de la administración», según denuncia el delegado sindical de CC OO en l'Alacantí, Alfonso Terol.
Este representante docente recuerda que el Ministerio de Hacienda empezó a aplicar el citado fallo judicial los últimos meses de 2018, devolviendo con carácter retroactivo las cantidades por permiso maternal de los años 2014 y 2015. «Y este año se está haciendo lo propio con las de 2016 y 2017, mientras que las de 2018 se regularizarán en la renta de 2018. Lo que no es de recibo -explica- es que Educación no cambie las retenciones del profesorado con permiso de maternidad o paternidad en las nóminas de enero y febrero de este año, y obligue a duplicar tareas administrativas de posterior devolución después de que reclamen los docentes, cuando la jurisprudencia ya lo ha dejado claro».
Con su sentencia sobre la exención del pago de la renta a las prestaciones públicas por maternidad, el Tribunal Supremo ha convertido este derecho en «doctrina legal», tal y como explican los sindicatos docentes que integran la Junta provincial de representantes.
La ley sobre medidas fiscales incluye la citada exención -que ya menciona la ley del 98 sobre el IRPF y el decreto ley de 2004-. El texto apunta que «en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en primer lugar se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo».
La Abogacía del Estado recurrió en casación una sentencia del TSJ madrileño que en 2017 había dado la razón a una funcionaria, ordenando a la Hacienda estatal a devolverle la cantidad ingresada en la renta de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida ese año. El Estado argumentó que la prestación por maternidad de la Seguridad Social sustituía el sueldo que esa funcionaria había dejado de percibir al disfrutar del permiso de maternidad, y que, por lo mismo, no quedaba exento en la renta porque se asimilaba a la retribución habitual.
Por contra, el Supremo echa para atrás la pretensión de los abogados del Estado y sostiene que la prestación por maternidad se incluye en los supuestos de la Ley del IRPF, porque cita como exentas «también las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad». Los jueces extienden la exención «a todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban», por lo que comunidades autónomas y ayuntamientos están obligados igualmente a dejar exentas de la renta las prestaciones por maternidad o paternidad, sopesan los sindicatos.
La conselleria tiene dudas y pide un informe a sus servicios jurídicos
Lo que para los representantes del profesorado está «meridianamente claro», como afirma el delegado de CC OO en l'Alacantí, Alfonso Terol, -porque existe una sentencia firme que debe aplicar la administración pública en general, con respecto a los permisos por paternidad de los funcionarios-, a la Conselleria de Educación le plantea dudas inicialmente, hasta el punto de que, a preguntas de INFORMACIÓN, desde el departamento que dirige el conseller, Vicent Marzà, han decidido dirigirse a sus propios servicios jurídicos para que determinen «si realmente hay que contemplar o no» como exento de la renta, el tiempo de permiso que solicitan profesores y profesoras por maternidad o paternidad indistintamente. Los representantes sindicales exigen de Educación «instrucciones inmediatas a los Servicios de Nóminas para que asuman la jurisprudencia del Supremo».
