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La trama de las basuras de Calp de Brugal lleva diez meses en la Audiencia a la espera de juicio

Las defensas han presentado una batería de recursos para pedir nulidades que no han podido ser resueltos ?Sobre la mesa de la magistrada se acumularon la sentencia por la estafa de Autisa, apartarse de la causa del PGOU y poner en marcha la vista del crimen del alcalde de Polop

Ángel Fenoll, presunto cerebro de la trama Brugal, en una comparecencia en la Audiencia. ÁLEX domínguez

La trama de Calp del llamado caso Brugal lleva diez meses en la Audiencia de Alicante esperando fecha de juicio. Esta pieza separada llegó a la Audiencia a finales de abril del año pasado, donde por turno correspondió a la Sección Segunda. Los recursos de las defensas de los ocho acusados, presentados cuando ya se había abierto juicio oral y sólo faltaba poner fecha para la vista oral, están demorando este trámite.

En esta causa se sientan en el banquillo responsables políticos del Ayuntamiento de Calp, entre ellos el exalcalde del PP Javier Morató, acusados de haber recibido sobornos 600.000 euros en sobornos del empresario Ángel Fenoll y de un fraude en el pesaje de la basura sobrefracturando a la Corporación el pesaje de los residuos que entraban en la planta de Colsur, la empresa de Fenoll. Un fraude que, según la Fiscalía, causó un quebranto de más de cuatro millones a las arcas públicas.

Las presuntas irregularidades se descubrieron a raíz de las escuchas telefónicas del caso Brugal. El guión es el mismo que ha ocurrido en otras piezas del caso Brugal, las defensas han pedido la nulidad de los autos judiciales que acordaron los pinchazos y de toda la investigación, cuya pieza principal empieza hoy a juzgarse en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Elche.

Fuentes cercanas a las defensas señalaron que la decisión sobre los recursos presentados por el caso de Calp podrían estar a la espera de lo que se resuelva en la causa principal. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario en la Audiencia señalaron que los retrasos se deben a la abultada carga de trabajo de la magistrada a la que le ha tocado ser la ponente del proceso, María Cristina Costa. Sobre la mesa de la juez se acumulan otras macrocausas por lo que todavía no ha estudiado los recursos.

Procesos pendientes

La ponente del pleito ha terminado esta semana la sentencia por otra pieza que se desgajó del caso Brugal, la presunta estafa en la mercantil Autisa que llevó al banquillo a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory. La sentencia ha validado el núcleo de las escuchas del caso Brugal y ha rechazado algunas de las cuestiones que las defensas han venido planteando desde el inicio del proceso, aunque sí considera que la autorización judicial no amparaba algunos de los delitos por los que los Gregory fueron acusados.

También Costa es la magistrada que deberá presidir el juicio con jurado popular por el asesinato del alcalde de Polop y tiene pendiente dictar otro auto estableciendo los hechos que serán objeto de enjuiciamiento y fijar la fecha para el juicio oral.

Esa semana ha planteado su abstención también para intervenir en el juicio por los presuntos amaños del Plan General de Alicante, otra de las piezas separadas de Brugal y en la que se sientan en el banquillo los exalcaldes Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz.

Costa no iba a empezar a analizar los recursos de las defensas por el caso de las basuras de Calp hasta que no hubiera despachado esos otros asuntos y por lo tanto no hay previsión para la fecha del juicio, pero está descartado que se celebre este año.

El fiscal pide diez años de prisión para Javier Morató y el exedil Fernando Penella por delitos continuados de malversación y cohecho. Para el exedil y exdiputado provincial Juan Roselló se reclaman 14 años, porque además de los delitos por los que se acusa a sus compañeros de corporación, a él también se le imputa blanqueo de capitales. Asimismo el fiscal pide para los tres 9 años de inhabilitación por prevaricación. La esposa de Roselló, Amparo Femenía se enfrenta a una pena de dos años. Otros acusados en el proceso son el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, considerado el intermediario que negoció los sobornos; así como un técnico municipal, Juan Cervantes, a quien se le piden 9 años por hacer la vista gorda con los pesajes. Por último, para Ángel Fenoll y para su hijo Antonio Ángel Fenoll se les reclama 22 meses por cohecho y multa de 100.000 euros.

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