La circunvalación de Alicante es de todas las autopistas españolas rescatadas la que más creció durante enero en tráfico según los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Fomento, con un incremento del 11,95% en el número de vehículos.

Se trata de un dato importante, ya que el resto de radiales incrementaron su tránsito bastante menos o incluso lo disminuyeron, como sucedió en las conexiones de Madrid con Arganda y Navalcarnero. Todo ello teniendo en cuenta que desde el 15 de enero se aplica una rebaja media del 30% en esas vías, que también desde esa fecha son gratuitas por las noches.

NUEVA EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS.

Los primeros efectos de la rebaja del peaje se registran en tanto el Gobierno ha confirmado que estas infraestructuras sigan siendo propiedad del Estado a través de Seittsa, que se confirma así como la nueva empresa nacional de autopistas.

Así lo ha resuelto el Departamento que dirige José Luis Ábalos a expensas de lo que decida el nuevo equipo que designe el Gobierno que surja de las próximas elecciones.

"Mientras el anterior Ejecutivo decidió volver a poner las autopistas en manos de empresas privadas, sin ejecutar obras de reparación relevantes, el actual Gobierno ha decidido que las infraestructuras sean de titularidad pública y que los ingresos que proporcionan sean destinados a la conservación y la reparación de las mismas", indicó Fomento en un comunicado.

Así, el Ministerio ha sacado a concurso el contrato de mantenimiento para los próximos tres años, prorrogables a cinco, por 126 millones de euros y en breve comenzará a comenzar las obras para recuperar el déficit conservación que presentan, estimado en 320 millones de euros.

Con la licitación de las vías para devolver su explotación a empresas privadas, el anterior Gobierno buscaba levantar fondos para amortiguar la 'factura' de la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) ante estas autopistas, el importe que debe pagar a sus exconcesionarias por la inversión en su construcción.

Fomento estima en 2.000 millones de euros este importe, que los acreedores y el sector elevan hasta casi 5.000 millones y debe calcularse y pagarse antes de julio.