Expertos en protección de datos consideran que el caso de espionaje de correos electrónicos en el Ayuntamiento de Alicante debe ir por la vía penal al tratarse de una intromisión en cuentas privadas a causa de un fallo tecnológico y no de una violación en la protección de datos. Es decir, que la entidad a la que ha enviado el equipo de gobierno la quiebra en la seguridad informática, la Agencia Estatal de Protección de Datos, no sería la idónea para resolver este caso de espionaje.
Como se recordará, la edil de Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática, María Dolores Padilla, del PP, desveló el viernes que las primeras investigaciones por parte de los técnicos de la vulneración al sistema informático municipal habían revelado accesos no autorizados por parte de los asesores de Ciudadanos Miguel Ángel Sánchez Gregorio y Antonio Zardoya a las cuentas de correo del jefe del Gabinete de Alcaldía, Vicente López; de la edil de Comercio, Marisa Gayo; y un intento de entrada en el correo del alcalde, que no pudo ser abierto. Dijo también que se podría haber cometido un presunto delito castigado con hasta 6 años de cárcel.
El equipo de gobierno, del PP, puso el caso en manos de la Agencia Estatal de Protección de Datos. La entidad certificó el lunes que había recibido la notificación de quiebra de seguridad en el plazo legalmente establecido, y que procede a su análisis. De esa investigación se puede derivar un archivo del expediente o su envío al área de Inspección, sin que dieran más información sobre el resto del procedimiento ni sobre las sanciones correspondientes.
Ayer, desde la Agencia Estatal aseguraron primero que los periodistas del departamento de Comunicación estarían todo el día fuera y más tarde señalaron que tenían reuniones y que no podían atender la consulta de este diario por teléfono ni por correo.
Este asunto ha estallado en plenas negociaciones del presupuesto de 2019 entre el PP y Ciudadanos, en los que el equipo de gobierno confía para que apoyen las cuentas, o al menos no las bloqueen. Tras un fin de semana de tensión, con el PP hablando de la posibilidad de iniciar acciones legales y con Cs que tampoco descartaba ir a los juzgados, las aguas parecen bajar más tranquilas.
Esto tiene un tanto despistados a los grupos de izquierda, sobre todo al PSOE y a Compromís, que ayer coincidieron en su temor de que PP y Ciudadanos intenten silenciar los hechos pensando en la aprobación del presupuesto. Guanyar mostró cautela ya que prefiere esperar a que esté terminado el informe por parte de los técnicos «para valorar en rigor lo que ha pasado y exigir responsabilidades tanto a Ciudadanos como al Partido Popular», dijo el edil Miguel Ángel Pavón.
La portavoz socialista, Eva Montesinos, ha solicitado por escrito el informe de la brecha de seguridad. La edil considera preocupante el cambio de actitud del alcalde, Luis Barcala, y recuerda que el Ayuntamiento debe denunciar de oficio un hecho de estas características. La actitud de Ciudadanos, «anunciando medidas contundentes pero sin ninguna acción concreta», tampoco convence a los socialistas.
Natxo Bellido, portavoz de Compromís, señaló que no permitirán un pacto de silencio PP-Cs y que la derecha «se tape las vergüenzas unos a otros». «La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, dio su palabra el viernes de que tomaría decisiones fulminantes, si no las toma le pediremos responsabilidades a ella».
Contundentes
Giraldo, que ayer sí hizo declaraciones tras un día de silencio, matizó a Bellido, recordándole que dijo que habló de decisiones contundentes, no fulminantes. La edil afirmó que no tomará ninguna decisión respecto al futuro de sus asesores hasta no conocer todos los detalles del informe de los técnicos: «Cuando los tenga, me lo plantearé».
Sobre las críticas de PSOE y Compromís, dijo que están en su derecho de pedir responsabilidades políticas. «A río revuelto, ganancia de pescadores. Ambos, que tienen tantas cosas que explicar, utilizan esto para hacer mala política. Ellos sabrán lo que hacen». Además, consideró absurdo relacionar el asunto de los correos con el presupuesto, «igual de importante es uno que el otro pero mezclarlos es un culebrón».
La portavoz del equipo de gobierno del PP, Mari Carmen de España, negó cualquier pacto entre PP y CS para tratar de tapar los accesos indebidos al correo con el objetivo de facilitar la aprobación de las cuentas. «El equipo de gobierno no ha hecho ningún pacto de silencio», dijo.
