El estallido del caso de los correos electrónicos en el Ayuntamiento de Alicante no sólo supone el enésimo escándalo en el tumultuoso mandato que la corporación de la capital está a punto de cerrar. Puede tener también graves consecuencias políticas conforme se vaya ensanchando el cisma que por este asunto va separando todavía más a PP y Ciudadanos, sobre todo si ambas formaciones acaban enfrentándose ante los tribunales. Lo que ahora mismo es bien factible. El gobierno local de los populares, tras acusar el viernes a dos asesores de la formación naranja de intentar acceder al correo del alcalde, Luis Barcala, y de entrar directamente a los de la edil de Comercio y del jefe de Gabinete de Alcaldía, insistió ayer en la posibilidad de emprender acciones judiciales aunque, eso sí, cuando concluya la investigación todavía en marcha. Y por su parte, Cs tampoco descarta llevar a los juzgados lo que considera una grave falta de seguridad en las comunicaciones del Ayuntamiento. Eso sí, 24 horas después de que se hicieran públicos todos esos detalles, Cs continuó sin aclarar el papel desempeñado por sus asesores, ni si aplicará o no alguna medida disciplinaria.
Tal panorama amenaza de forma muy seria la gran herencia que el ejecutivo de Barcala quería dejar antes de la cita con las urnas del próximo 26 de mayo: la aprobación de los presupuestos municipales, que el PP lleva semanas trabajándose y para el que el apoyo de Cs puede resultar fundamental. Ahora mismo, el gabinete popular tiene asegurados para esas cuentas nueve votos favorables, los 8 de su grupo y el del tránsfuga Fernando Sepulcre; y nueve en contra, los del PSOE y Compromís. Falta Guanyar (5 ediles), que definirá su postura en una próxima asamblea y que podría optar por la abstención después de que el PP haya aceptado casi todas sus propuestas-. En ese caso, si Cs (5 actas) vota sí, las cuentas se aprobarán; si se abstiene, decidirá la otra tránsfuga, Nerea Belmonte. Si vota no, pues no habrá cuentas.
Y después de que la concejala de Nuevas Tecnologías, Maria Dolores Padilla, saliera el viernes a la palestra para contar cómo desde dos ordenadores de asesores de Cs habían intentado acceder a correos ajenos, parece difícil que la formación naranja vaya a auxiliar ahora al PP con los presupuestos. Máxime cuando en realidad lo de los correos es la gota -cierto es que una gota bien gruesa- que colma el vaso de las discrepancias que ambos partidos llevan arrastrando recientemente.
Cs ya fue el único grupo opositor que dejó plantado al PP en las negociaciones de las enmiendas a las cuentas, al no acudir a la reunión con el edil de Hacienda Carlos Castillo después de que la portavoz naranja, Yaneth Giraldo, tildara esas rondas negociadora de «una rifa». Y una semana antes, Cs había exigido explicaciones al PP por la supuesta falta de concurrencia a la hora de conceder hasta 76 contratos distintos a un mismo trabajador autónomo por obras en colegios.
Un incierto futuro
Todo eso a corto plazo. Más allá, la sombra de un caso que roza las tramas de espionaje no sólo va a convertirse en arma arrojadiza durante la campaña entre dos fuerzas políticas que van a buscar votos en el mismo caladero electoral; sino que tras el 26-M puede dificultar las futuras negociaciones para formar gobierno entre PP y Cs, dos fuerzas condenadas a entenderse para formar gobierno local en Alicante en caso de que las matemáticas electorales se lo permitan. Y en el actual clima de bipolarización que vive la política española no queda otra: o será ese bloque de centro-derecha en el que como mínimo participarán populares y naranjas o uno de izquierdas, porque otra posibilidad como una alianza Cs-PSOE parece más complicada en Alicante y en cualquier otro sitio. Al menos, de momento. Es cierto que si populares y naranjas han de formar gobierno en Alicante lo formarán. Pero entre ellos tendrán ya el primer motivo para mirarse con recelo: ahora se están empezando a decir muchas frases altisonantes que en el futuro serán difíciles de olvidar.
El antecedente del despido de la cuñada de Barcala
El caso de los correos electrónicos brinda otra tormenta perfecta para judicializar una vez más la vida política alicantina una vez que concluya la investigación sobre los ordenadores de los dos asesores de Ciudadanos. El artículo 197 del Código Penal estipula que «el que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años».
Ahora bien, la denuncia no tendría porqué partir necesariamente del grupo municipal del PP, cuyos integrantes han sido los perjudicados por esta historia porque ha sido a sus correos a los que se ha entrado o se ha intentado entrar. En este sentido, si bien el artículo 201.1 del código establece que sólo puede denunciar la persona agraviada, el apartado segundo de ese mismo artículo fija como excepción «cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas». Este último matiz podría abrir la puerta a que no fuera el PP sino un tercero a título particular la que trasladara el asunto a los tribunales.
No sería la primera vez que sucede esto en el Ayuntamiento de Alicante en lo que va de legislatura. En abril de 2017, dos conocidos representantes del movimiento vecinal alicantino ya denunciaron ante la fiscalía la decisión del entonces alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, de despedir a la cuñada de Luis Barcala, entonces en la oposición y ahora actual munícipe. Por cierto que entonces el PP era el agraviado. Lo mismo que ahora.
