La desprotección en que se encuentran elementos patrimoniales de la huerta alicantina como el arco neomudéjar de Rumelia pone en peligro el futuro de este monumento, al que nadie respeta y que se encuentra en el epicentro de un vertedero de escombros incontrolado cada vez más extenso. Sacos de obra, maderas, plásticos, sofás y restos de poda abundan a la sombra del arco, y los vecinos de Santa Faz reclaman su limpieza para poner fin a una situación de deterioro que se remonta a hace más de una década. En el Catálogo de Protecciones que elaboró Guanyar en la etapa del tripartito y que no salió adelante por la falta de acuerdo de los socios del gobierno de izquierdas se contemplaba una protección específica para la edificación.
El arco fue restaurado en 2004 cuando estaba a punto de desaparecer bajo la piqueta y fue trasladado dentro del mismo ámbito del plan parcial Pino-Ruaya en que se encontraba para preservarlo cuando se construyó la carretera San Vicente-Sant Joan.
Ahora está a unos 60 metros de donde se erigía al borde del desplome, pues tenía tres grandes grietas en su parte superior que fueron selladas y reparadas. Para trasladar de ubicación este pórtico de 63.000 kilos se utilizó una grúa de 250 kilos que permitió mover esta construcción que estaba situada junto a la finca El Pino, próxima a Santa Faz, construida entre los siglos XIX y XX, y destruida hace 40 años.
La iniciativa que permitió salvar en aquel momento este arco arquitectónico peculiar, puesto que no abundan en Alicante, fue de Lomas del Pino, la promotora de Pino-Ruaya, una macrourbanización en la que se prevé edificar más de 2.500 viviendas según el acuerdo plenario de hace unos meses con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos.
47 hectáreas
Este plan parcial colea desde hace décadas y está en los tribunales. Los promotores de la finca Pino y Ruaya consideran legal el acuerdo del pleno de octubre de 2018, por el que se establecieron las condiciones urbanísticas de los terrenos, reconociendo una superficie de 47 hectáreas con una calificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificación máxima de 50 viviendas por hectárea, en trámite de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 1992 que obligaba a reconocer ese suelo como urbanizable. La Generalitat ve ilegal este acuerdo plenario y ha pedido al Ayuntamiento que rectifique la calificación.
Mientras se resuelve este contencioso, el arco neomudéjar, que está apuntalado, vuelve a caer en el olvido y se erige entre escombros, muy cerca del monasterio de Santa Faz y a unos metros del Centro de Recuperación de Fauna de la Generalitat, en una carretera de la huerta que facilita el abandono incontrolado de los escombros al ser una zona poco vigilada.
Juan Francisco Asensi, vecino de la Playa de San Juan que suele llegar hasta la zona del monasterio en bicicleta, critica que se permita arrojar basura y otros residuos junto a este arco y pone de relieve las escombreras que no dejan de proliferar en la huerta alicantina. Azucena Vallés, de la asociación de vecinos, también tiene conocimiento de la situación. El Ayuntamiento ha anunciado el endurecimiento de las sanciones contra los vertidos y un incremento de la vigilancia de los puntos donde se detecten.
