13 de febrero de 2019
13.02.2019

Concejales y funcionarios, convocados a la comisión que investiga irregularidades en contratos de Vivienda

Los cuatro técnicos declararán al final el próximo martes, mientras que los responsables políticos, incluida la exedil Morales, acudirán el miércoles

13.02.2019 | 16:51
Primera sesión de la comisión de investigación, que prosigue el próximo lunes y martes

En dos días se dividirán las comparecencias de los concejales y técnicos citados a la comisión que investiga los contratos del Patronato de la Vivienda, sobre los que el interventor municipal alertó de irregularidades en su tramitación.

El próximo martes, 19 de febrero, será el turno para los técnicos solicitados por los grupos políticos: el interventor municipal, Francisco Guardiola, que fue quien alertó de un fraccionamiento de contratos; el gerente del Patronato, Gaspar Mayor, además de la arquitecta del Patronato y el secretario municipal.

Un día después, el miércoles 20, llegará el momento de los representantes políticos, en concreto para los responsables de Vivienda durante este mandato, además de Marisol Moreno (Guanyar), que era concejala de Juventud en el inicio de las obras. Así, por el órgano pasarán la concejala Julia Angulo (Guanyar), la socialista Sofía Morales (que renunció a su acta como miembro de la corporación el pasado verano, pero que aseguró que acudiría a la cita) y el popular Israel Cortés, actual responsable de Vivienda.

Las comparecencias estaban previstas inicialmente para los días 18 y 19, pero el interventor del Ayuntamiento, una vez convocadas ambas citas oficialmente, ha anunciado hoy que no podía asistir el próximo lunes. Así, el gobierno municipal aplazará un día las dos jornadas de comparecencia, según han informado fuentes municipales. 

El informe, sobre la mesa

La pasada semana se conoció el resultado del informe jurídico solicitado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, al destaparse al polémica, a cuya solicitud también se sumó la comisión. El documento, firmado por el letrado jefe del Ayuntamiento, niega fraccionamiento en los contratos del Patronato de la Vivienda de Alicante aunque critica el procedimiento administrativo.

En este informe se subraya que no se acredita ni resultan del expediente los elementos imprescindibles que han de concurrir para proceder en vía de regreso "o en vía de resarcimiento" contra el personal del Patronato "pues no consta detrimento económico para las arcas municipales sin perjuicio de que deban evitarse en el futuro". Indica que no se aprecia fraccionamiento.

Después de la celebración de la primera reunión de la comisión, a mediados de enero, los grupos, por su parte, recibieron toda la documentación relativa al expediente de las obras de rehabilitación de un local municipal en la calle Cisneros, valoradas en 59.240 euros tras los retoques en el proyecto para evitar que superase el límite legal para un contrato menor, situado en los 50.000 euros (sin IVA). Las obras en el local se produjeron para acoger a los trabajadores del Centro 14, que fueron desalojados tras un informe de Bomberos en el que se alertaba de deficiencias en el edificio de la calle Labradores.

El interventor del Ayuntamiento bloqueó en un primer momento el intento del Patronato de la Vivienda, con Gaspar Mayor como gerente, de fraccionar el proyecto en tres contratos menores, relativos a las propias obras, a una plataforma elevadora y a unos honorarios profesionales. La suma de esos tres contratos menores alcanzó los 56.758 (sin IVA). El alto funcionario municipal exigió que se tramitara una contratación por procedimiento negociado sin publicidad, pero el Patronato de la Vivienda decidió modificar el proyecto inicial para que el importe no rebasase el límite para contratos menores de obras que recoge la ley. El cambio del proyecto se acometió a mitad de las obras.

El Ayuntamiento de Alicante acordó investigar las irregularidades sobre las que alertó el interventor municipal en la tramitación de unas obras promovidas por el Patronato de la Vivienda en el pleno de diciembre, donde se aprobó la moción presentada por el PP, con los votos a favor de Cs, Guanyar (que enmendó la propuesta inicial) y los dos tránsfugas, frente al rechazo de PSOE y Compromís, que defendían otra iniciativa similar que finalmente no trató por no superar el trámite de la urgencia.

Las enmiendas de Guanyar endurecieron la propuesta del gobierno del PP, ampliando el periodo de investigación del procedimiento, no limitándolo a los meses de noviembre y diciembre (con la izquierda en el gobierno), meses en los que se desarrollaron unas obras que se contrataron por lotes pese a las advertencias del interventor, que reclamaba la apertura de un procedimiento negociado sin publicidad.

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