El Tribunal de Cuentas advierte en el informe hecho público sobre los sobrecostes de los accesos ferroviarios en España, de la parálisis que sufre Avant desde 2015 y recuerda que el proyecto urbanístico y la construcción del parque central de Alicante corresponde a todos los socios, no solo el Ayuntamiento. Deben participar, por tanto, el Consell y Adif. A 31 de diciembre de 2016, las actuaciones previstas en el convenio para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante se encontraban ejecutadas solo al 22,91% y paralizadas desde 2015.
El informe subraya que este bajo grado de ejecución, unido a la falta de aprobación definitiva del instrumento urbanístico que permita la urbanización de los terrenos, ha imposibilitado la puesta en valor de los suelos de uso ferroviario y, por tanto, la obtención de los recursos propios necesarios para continuar con las actuaciones y hacer frente a las obligaciones de la póliza de crédito sindicado suscrita en julio de 2010, reestructurado en varias ocasiones, subrayan los técnicos del Tribunal de Cuentas.
El trabajo recuerda que «ante la persistencia de los problemas financieros, el Consejo de Administración, en su sesión de 20 de julio de 2017, acordó la modificación del convenio inicial y la suscripción de uno nuevo para su adaptación a la situación real, la transmisión de los activos ferroviarios a Adif y Adif-Alta Velocidad, a cambio de la cancelación por parte de estas dos entidades del contrato de crédito, y que la financiación para el desarrollo de la actuación urbanística fuese con cargo a todos los socios en función de su porcentaje accionarial».
Avant está participada por Adif (7,5%), Adif Alta Velocidad (30%), Renfe Operadora (12,5%), el Ayuntamiento de Alicante (25%) y la Generalitat (25%).
El mensaje del Tribunal de Cuentas es claro porque, de hecho, el Ministerio de Fomento se apartó a finales de julio de 2017 de la construcción, a cargo de sus presupuestos de la estación intermodal de Alicante (trenes, autobuses y taxis) y del soterramiento definitivo de las vías del tren en Alicante, pasándole la pelota a la inactiva sociedad Avant, que lleva sin reunirse desde julio de 2017 cuando se desbloqueó el tema de sus deudas. El Ministerio considera, en contra del planteamiento del Tribunal de Cuentas, que la estación debe ser financiada por Avant a cargo de sus presupuestos o, lo que es lo mismo, pagarla con las plusvalías que se puedan generar de la urbanización y venta de los terrenos liberados parcialmente de las vías del tren, donde se deben levantar cerca de 2.000 viviendas.
