Los regantes de las comarcas del Vinalopó y l´Alacantí que deben recibir el agua del Júcar a través del trasvase reclamaron ayer a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que intervenga antes los gestores de Acuamed y el Ministerio de Hacienda para acabar con el bloqueo que sufre el trasvase Júcar-Vinalopó. Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central, subrayó «nos quieren hacer pagar 70 millones de sobrecoste por un agua que no tiene calidad, que contiene pesticidas y que, por lo tanto, va a mermar la calidad de nuestros cultivos. Inaceptable».
La reacción de los regantes se produjo tras conocerse el último informe oficial de la Confederación Hidrográfica del Júcar que confirma que el agua que se capta en el Azud de la Marquesa sigue contaminada por los retornos de los pesticidas de la agricultura intensiva valenciana. Un caudal, además, que tiene otra derivada negativa como es el hecho de que el Ministerio se niega a firmar el convenio de explotación si los agricultores no asumen el pago de los 70 millones de euros del pago de las obras que se pactó cuando la toma estaba en Cortes de Pallás.
Ángel Urbina, portavoz de la Junta, subrayó ayer que «el tema de la mala calidad del agua y que en muchos periodos del año presente problema por la contaminación por pesticidas no es nuevo. Venimos denunciándolo desde 2008, incluso con actas notariales y nunca nos han hecho caso. Al final dejará sin salida a nuestros productos», aseveró Urbina, portavoz de la Junta.
Oficialmente, la postura sigue invariable pero la falta de agua ha hecho que haya surgido una corriente dentro de los propios regantes que estarían dispuestos a asumir una amortización de obra que dispararía el precio del agua a los 0,35 euros por metro cúbico. «Lo que le pedimos a la ministra Ribera, y lo digo con conocimiento de causa porque yo mismo estaba en la reunión, que le pregunte a la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, su compañera de partido, a qué se comprometió en 2005 cuando se cambió la toma. Se lo recuerdo. Que no tendría ningún tipo de coste para los regantes».
Un informe de la CHJ sobre la calidad del agua del Júcar, de cara a la planificación hidrológica a diseñar para 2021-2027 alerta por primera vez, negro sobre blanco, de que el agua del Azud de la Marquesa, punto de arranque del Júcar-Vinalopó, presenta problemas por contaminación química.
Apoyo popular
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts ha presentado una iniciativa para que el Gobierno de España exima a los regantes del pago de la obra del cambio de toma de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa en el Júcar-Vinalopó.
Así lo ha trasladado hoy el coordinador del GPP y presidente del Partido Popular Provincia de Alicante, Pepe Císcar, quien ha señalado que "los regantes no pueden ser víctimas del engaño del Consell con este trasvase".
Los populares ha explicado cómo "el cambio de toma de la originaria de Cortes de Pallás a la del Azud de la Marquesa ha supuesto unas condiciones económicas desfavorables para los usuarios", incluso duplicando los previstos de manera inicial.
"En estas condiciones, el Gobierno de España debe permitir que los regantes puedan usar el agua del trasvase a un precio asequible", afirma Císcar, "porque lo contrario sería dilapidar millones de euros y condenar a las comarcas del Vinalopó, Alcantí y Marina Baja".
Así, ha recordado que "la sobreexplotación de acuíferos del Vinalopó y el déficit en estas comarcas es, posiblemente, el problema hídrico de mayor magnitud que tiene hoy en día la Comunidad Valenciana". La decisión de PSOE de cambiar la toma del trasvase y el retraso en su puesta en marcha "impide frenar" esta sobreexplotación con dos consecuencias nefastas: además del grave problema ambiental, con el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, "aboca al Estado a una posible devolución de las cantidades aportadas por la UE para la financiación de la infraestructura".
Por ello, el PP cree que es necesario firmar un convenio entre Administración y usuarios "para conseguir un marco estable de utilización de la conducción" que permita acabar con la extracción masiva de pozos y evitar devolver millones de euros. "Los usuarios no pueden pagar a la vez el agua y la obra, por lo que el Gobierno de España debe recapacitar en su exigencia", asegura Císcar, "y es obligación del PSOE ponerse al lado de los regantes alicantinos por justicia".
En caso de que Les Corts aprueben esta PNL, el Consell tendría un mes para dar cuenta de la resolución.
