Un dictamen del Síndic de Greuges tras una denuncia presentada por la Asociación Gran Vía Sur-Puerto por el vertido de aguas residuales a la bahía de Alicante en San Gabriel concluye que han quedado probadas la irregularidades e incumplimientos de la Ley de Costas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, al permitir que siga saliendo puntualmente agua con carga fecal por un aliviadero que carece de permiso, y cuya tramitación se demora ya desde 1999. El Síndic exige que se regularice de inmediato la situación y se realicen los informes técnicos específicos para prevenir el riesgo de que «por la sedimentación de los lodos se produzca de nuevo una disminución de cauce en el Barranco de la Ovejas y, por lo tanto, disminuya la capacidad de evacuación y aumente el riesgo de inundación en los barrios colindantes».
En el dictamen, el Síndic exige la apertura de expedientes sancionadores al Ayuntamiento de Alicante por no llevar a cabo las actuaciones necesarias que han llevado al incumplimiento de la Ley de Costas por «graves irregularidades administrativas», subrayó ayer José Santamaría, portavoz de Gran Vía Sur-Puerto. «Ha quedado demostrado que el Ayuntamiento continúa sin resolver un expediente que lleva 26 años de tramitación, pues el cauce del barranco de las Ovejas se canalizó en 1992, incluyendo los aliviaderos que vierten aguas fecales», aseveró Santamaría.
El Servicio Territorial de Costas, organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, alertó en septiembre de 2018 en un escrito remitido al Síndic de Greuges, que la depuradora de Rincón de León de Alicante, la más grande de la provincia junto a la de Benidorm, lleva vertiendo agua sobrante desde 1999 a la bahía de Alicante de manera ilegal al no contar con autorización para que el viejo tubo, que no emisario, por donde sale el agua, ocupe suelo del dominio público marítimo terrestre.
Un punto, además, que se encuentra a 1.300 metros de las tomas del agua del mar del complejo de desaladoras de Alicante de la que bebe la ciudad, pegado a la playa de San Gabriel y en el ámbito de afección de la reserva de Tabarca, declarada Lugar de Interés Comunitario.
La denuncia llegó a Costas por una queja al Síndic presentada por la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, cuyo portavoz, José Santamaría considera la situación como «algo más propio de países del tercer mundo, que una depuradora como Rincón de León no tenga un emisario submarino de verdad resulta bochornoso».
El problema de la depurada y sus vertidos se agrava en momentos puntuales del año, como tormentas o el verano, cuando llega más agua de la que se puede tratar «y esos caudales extra van al mar directamente», denuncia Santamaría, cuya asociación tiene decidido denunciar el hecho en los tribunales.
