Los impagos de Educación sitúan a los centros educactivos de la provincia al límite. Por primera vez desde que el Consell está gobernado por la alianza de PSOE y Compromís, los centros han acabado el año en curso, en este caso diciembre de 2018, sin recibir el dinero correspondiente para el funcionamiento básico. Hablamos del agua, la luz o el gas. En concreto no entra un euro en colegios ni en institutos desde el pasado mes de noviembre. El funcionamiento de los comedores escolares y el mantenimiento del material, tanto para las prácticas de FP como para el discurrir diario de las clases en Secundaria y Bachillerato, también dependen de esos fondos.
Desde la Conselleria de Educación, el secretario autonómico Miguel Soler, sostiene que el viernes recibirán el dinero aquellos centros que menos fondos tengan en sus cuentas. Soler afirma que el origen de los impagos es un "problema de tesorería".
La deuda que en estos momentos acumula la Conselleria de Educación con los colegios e institutos de la Comunidad ronda los 46 millones de euros, fruto del desglose que resulta de sumar una media de 15.000 euros por mes para los institutos y de 10.000 para los colegios, todo ello multiplicado por tres, ya que el impago que arrastran los responsables de la conselleria incluye los meses de noviembre y diciembre de 2018 y el mes de enero, recien cumplido. En el caso de la provincia de Alicante, la deuda supera los 18 millones de euros.
Los centros consultados al respecto confiesan la preocupación puntual expresada por algunos directores, especialmente de institutos de Secundaria, porque el Consell del Botànic estableció un pago mensual para los centros educativos, frente al pago trimestral que practicaba el anterior gobierno en manos del PP, y ya suman tres meses de impagos.
Estos retrasos en los pagos a los centros educativos parecían haber pasado a la historia con el actual Consell, después de los problemas de liquidez vividos en los centros educativos en el pasado más crítico, cuando coincidieron los peores años de la crisis económica y los recortes económicos impuestos por el PP en el poder. En la práctica, esto se tradujo en retrasos de hasta medio año en los pagos a los centros.
