06 de febrero de 2019
06.02.2019

Acuerdo para pagar la deuda a los 270 interinos antes del próximo viernes

La ministra de Educación descarta que la cotización a la Seguridad Social de alumnos en prácticas la paguen los centros

06.02.2019 | 08:19

Parece que los 270 interinos que han dejado de cobrar sus nóminas en la provincia van a poder hacerlo, por fin, en breve. Hacienda y Educación acordaron ayer un «reconocimiento extrapresupuestario de obligación de pago» para así poder hacer frente a los más de 400.000 euros que se adeuda a los docentes afectados antes del viernes, según adelantaron a este periódico fuentes de la Conselleria de Hacienda.

Las mismas fuentes indicaron que desde las consellerias implicadas han adquirido el compromiso de tomar las medidas oportunas para darle una «solución definitiva» a este tipo de incidencias y «que no vuelva a ocurrir».

Eso sí, reconocen que como el modelo de nómina de noviembre, que es el empleado, no incluye los complementos, estos no se podrán abonar hasta la próxima nómina, según las mismas fuentes consultadas. Cabe recordar que alguno de los profesores interinos afectados por estos impagos llevaba trabajando desde el 6 de noviembre sin cobrar ni un euro. El colectivo se manifestó el pasado lunes ante la sede del Consell en Alicante para protestar por una situación que consideran intolerable.

Cotización de las prácticas

En otro orden de cosas, el Gobierno central no va a permitir que la cotización de los alumnos universitarios y de Formación Profesional en prácticas afecte a la economía de los centros educativos, en este caso Institutos de FP y Universidades.

Así lo ha recalcado la Ministra de Educación, Isabel Celaá, en una comparecencia ante el Congreso solicitada por el PP. Aunque defiende que se lleve a cabo el alta de los alumnos en la Seguridad Social, también subraya la ministra que con esta medida que contempla el Ministerio de Trabajo en la orden de diciembre de 2018, para la mejora las pensiones, «se pretende la extensión de un derecho con el fin de reforzar la protección social de los estudiantes, y mejorar las condiciones en las que desarrollan las prácticas». No obstante, y tras las protestas generalizadas tanto por parte de los rectores como de los directores de los institutos de FP, por el coste tanto económico como a nivel de gestión que podría suponerles dar de alta a todos sus alumnos, así como el peligro de que empresas que aceptan las prácticas educativas obligatorias dejen de hacerlo si les supone un coste añadido, Celaá subraya que el Gobierno no apoyará ninguna medida que provoque problemas a los estudiantes y a los centros educativos.

«Esta medida no puede generar perturbación en el sistema. Si fuera así el Gobierno estaría en contra de esta medida», asevera. La responsable estatal de Educación y portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez reitera que «no vamos a permitir» que esa cotización obligatoria de las prácticas académicas «vaya en detrimento del sistema educativo». Sin embargo, la ministra no ha aclarado ni la cuantía de la cotización a la Seguridad Social ni quién hara frente a su pago.
Todo esto después de criticar al PP por solicitar su comparecencia en lugar de pedir dicha información al Ministerio de Trabajo porque «el Real Decreto fue aprobado a finales de enero en el Congreso y se encuentra en desarrollo normativo», añade Celaá.

Por otra parte, y sobre la reforma de la Ley Orgánica de Educación que también prepara el Gobierno central, conocida como la «Ley Celaá», la ministra indica que se van a eliminar «las clasificaciones de centros» en las evaluaciones de diagnóstico para cuarto de Primaria y segundo de Secundaria, tal y como se procede en esta Comunidad y no serán, como en la actualidad.

También se incluye en la derogación de la Lomce del PP que el Gobierno socialista pretende hacer llegar este mes de febrero al Congreso, la regulación de los requisitos mínimos para los centros que imparten educación a niños de 0 a 3 años; la recuperación en Primaria de la estructura por ciclos y cambios en la ESO para que se obtenga «un título único, sin prueba externa y la obtención del título de Bachillerato en la evaluación ordinaria y la prueba de acceso solo para la universidad.

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