El mismo caso, en otro órgano de la justicia. Tras la reciente decisión de la Fiscalía Provincial de trasladar a la Inspección de Trabajo la denuncia, presentada por un particular, en la que se alertaba de posibles irregularidades en la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, la denuncia ha sido a su vez llevada ante el juzgado por el mismo ciudadano.
El asunto surge el pasado mes de noviembre, cuando la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante recibió un escrito en el que se alerta de posibles irregularidades en la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, un contrato que está a cargo de una UTE (Limpal) formada por las empresas Clece y Fissa desde el primer trimestre de este año. El contrato, formalizado el pasado enero, tiene un coste de unos 14,2 millones de euros anuales y un plazo de ejecución de dos años, con una posible prórroga de dos ejercicios más.
El escrito, dirigido a la Fiscalía Anticorrupción y que ahora ha sido presentado ante el juzgado, subraya posibles "responsabilidades administrativas" derivadas del "incumplimiento sistemático" del pliego de condiciones del servicio. Además, también destaca supuestas "responsabilidades penales" por una posible "malversación de caudales públicos" por parte, entre otros, de quienes «en el desempeño de sus responsabilidades municipales» les corresponde la acción de vigilar el "adecuado seguimiento y cumplimiento en todos sus aspectos del pliego de condiciones". Es decir, el escrito apunta hacia la adjudicataria del servicio por, supuestamente, no cumplir con lo recogido en el contrato firmado hace menos de un año y contra el Ayuntamiento de Alicante (que durante el periodo de vigencia del contrato ha estado dos meses en manos del PSOE y, desde el pasado abril, del PP) por no ejercer, supuestamente, la tarea de fiscalización sobre el estricto cumplimiento del pliego del servicio.
El escrito trasladado ahora al juzgado expone detalles sobre el desarrollo del servicio en colegios y dependencias municipales, explicando trabajos de limpieza que se desarrollan en los centros escolares (donde se alerta de un "ahorro en las horas a realizar en perjuicio del personal y la calidad del servicio") y en los edificios que albergan a los funcionarios del Ayuntamiento. Entre las tareas que supuestamente no se están realizando de la manera estipulada, según subraya el denunciante, se habla con detalle desde la limpieza de persianas y cristales, al baldeo o barrido de las dependencias municipales de la ciudad.
Pero el escrito no solo aborda el personal [la plantilla cuenta con unos 400 trabajadores] y las horas que se dedican a las diferentes actividades, sino que también pone sobre la mesa preguntas que, a su vez, dejan entrever posibles irregularidades. Entre las cuestiones se habla de prácticas de contratación llevadas a cabo por la adjudicatarias, como bajas y altas de trabajadores.
Respecto a la tarea del Ayuntamiento de Alicante de vigilar el cumplimiento del contrato, el denunciante, el mismo en ambos casos, hace hincapié en el pago final que se realiza de forma periódica a la empresa por los servicios prestados, preguntándose, con intención, si se descuentan de las facturas las "minoraciones" que se producen de "forma sistemática por parte de la empresa". El denunciante ya informó al Ayuntamiento de los supuestos incumplimientos a través de un documento registrado a mediados del mes de julio.
El escrito concluye con un anexo en el que se cita a una veintena de personas, entre trabajadores, responsables de la contrata y funcionarios del Ayuntamiento, que podrían ser llamados, según el denunciante, para "corroborar" el contenido del escrito. También se incluyen conversaciones que, a juicio del denunciante, pueden evidenciar las irregularidades.
Días después de la presentación de la denuncia ante Fiscalía, el concejal de Limpieza e Infraestructuras, el popular Israel Cortés, reveló que el Ayuntamiento abrió el pasado mes de octubre una investigación interna para "dilucidar" posibles irregularidades en la prestación del servicio de limpieza de colegios e instalaciones municipales, adjudicado en febrero a la UTE Limpal (formada por Clece y Fissa).
El concejal Cortés explicó que la decisión se tomó en octubre. "Di curso a una providencia para abrir un procedimiento para dilucidar si se estaban dando esas irregularidades", prosiguió el edil, quien defendió el trabajo de supervisión de la contrata a cargo del Ayuntamiento: "Hasta ahora, nos consta el buen hacer de los inspectores y también la buena voluntad de la empresa para ir corrigiendo sucesivamente las deficiencias que se le han ido trasladando". Cuestionado el pasado mes de enero sobre el resultado de la investigación, Cortés aseguró que no había novedades al respecto.
