El Gobierno ha decidido ponerse de perfil en la última polémica abierta en Alicante por el proyecto para construir una planta para el almacenaje de combustible con hasta 18 depósitos en el muelle 19, trasladando la responsabilidad a la concesionaria, Terminales Marítimas del Sureste, pero admitiendo, según se desprende de una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís Ignasi Candela, que pese a haber modificado sus planes, mantiene la posibilidad de que el Puerto acoja instalaciones para mover combustible casi 24 años después de la retirada de los depósitos de CLH.
Algo que se contradice con el acuerdo del 6 de marzo de 1995, día en el que, coincidiendo con el traslado de los depósitos de CLH a Bacarot, el Puerto se comprometió con el Ayuntamiento de Alicante, el Ministerio de Industria y la Generalitat a no permitir este tipo de industrias en el Puerto.
El Ejecutivo asegura en una respuesta parlamentaria a Compromís que el Puerto ha hecho modificaciones en sus planes para cumplir con lo establecido en el acuerdo de 1995 para impedir instalaciones de almacenamiento de combustible en el Puerto. En la respuesta, el Gobierno subraya que los depósitos de CLH estaban a 250 metros de la casas y los camiones pasaban por el casco urbano. Hoy, según el texto, el Puerto está conectado directamente con la autovía y las actividades industriales a más de 800 metros de la ciudad.
En su escrito, el Gobierno explica que «la Autoridad Portuaria de Alicante ha promovido distintas modificaciones puntuales del Plan Especial del Puerto, motivadas por un planteamiento que permitiese alcanzar, entre otros, los objetivos del convenio de 1995, como usos terciarios, comerciales y hosteleros, donde antes se encontraban los depósitos francos y otras actividades portuarias». Esto se traduce, según reza la respuesta parlamentaria, en la «incorporación a la zona de servicio de los terrenos ganados al mar hacia poniente, que forman la dársena pesquera, la zona de actividades logísticas y la dársena sur conformada por los muelles 19, 21,23 y 25, estableciéndose ordenanzas y usos aplicables en las terminales de pasajeros y mercancías, que permiten actividades portuarias a más de 800 metros de la ciudad». Incluso, el Gobierno destaca que desde hace casi 20 años el Puerto tiene conexión directa con la autovía de Madrid y la circunvalación de Alicante, lo que evita que los camiones crucen el casco urbano como sucedía en 1995.
En su escrito, recuerda también la construcción del parque del mar, los convenios para el desarrollo de actividades de interés social, deportivo y cultural en zonas portuarias y las concesiones para usos terciarios, además de que se está modificando el Plan de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios para promover la interacción puerto-ciudad colindantes a la fachada marítima (zona Volvo y entorno de la estación de autobuses).
El PGOU
Lo cierto es que la empresa que impulsa la construcción de la planta de combustible tiene todo en regla para plantear una actividad en una parcela donde el PGOU lo autoriza. Recordar, en este sentido, que el Gobierno municipal del PP validó en 2014 un informe de compatibilidad urbanística solicitado por la empresa que apuesta por construir los depósitos.
La cesión del uso a la empresa XC Business 90 prevé hasta dos fases. En la primera, la empresa prevé la instalación de seis depósitos, el mayor de 50 metros de diámetro y una altura de casi 30 metros, en el Puerto de Alicante, con una capacidad total de unos 110.000 m3, que se destinarían al almacenamiento de gasolinas y gasóleos. Los depósitos de la primera fase se instalarían sobre una parcela de 14.000 m2, situada en el muelle 19 del Puerto. El presupuesto rondaría los seis millones de euros. En la segunda fase se construirían sobre otra parcela hasta doce macrodepósitos de más de 50.000 m3 cada uno para un total de 600.000 m3 para gasóleos y biocarburantes.
