31 de enero de 2019
31.01.2019

«No puede ser que lo que escriba un imbécil en una red social sea delito de odio»

Torres-Dulce critica la «expansión sin límites» del Código Penal y el peligro que supone al «laminar los pies de la convivencia»

31.01.2019 | 00:30
El director general de Contenidos de INFORMACIÓN, Juan R. Gil; el Síndic de Comptes, Antonio Mira-Perceval; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; la de Sanidad, Ana Barceló; la directora territorial de Alicante y Murcia de Bankia, Olga García; la vicerrectora de la UA Mónica Martí; la secretaria del Consejo Social de la UA, Aránzazu Calzada; el fiscal jefe provincial, Jorge Rabasa, el presidente de la Fundación CAM, Luis Boyer, y el consejero delegado de Prensa Ibérica en la Comunidad, Juan A. López Ruiz de Zuazo.

«Un imbécil escribe algo en una red social y se transforma en un delito de odio. Esto no puede ser así», criticó ayer el que fuera fiscal general del Estado entre 2011 y 2014, Eduardo Torres-Dulce.

Durante su intervención en el Foro Alicante, integrado por INFORMACIÓN- la Universidad de Alicante (UA)-Bankia-CEV-Hidraqua, recomendó «como mucho llevarlo al ámbito civil» porque, según explicó, «los delitos de odio están concebidos para una categoría muy restrictiva».

El fiscal se mostró muy crítico con el hecho de que en su opinión, el Código Penal «se ha transformado en unos bomberos que en vez de apagar incendios queman libros, queman libertades». Y puso como un «ejemplo claro» la tipificación como tal de delitos de odio a comentarios vertidos en las redes sociales.

«Lo que era una reacción de protección para situaciones de peligro inminente se ha transformando en ampliar un horizonte que habíamos conseguido reducir, los delitos contra el honor y la libertad de expresión. El Código Penal no puede ser un instrumento de represión», argumentó el también profesor de Derecho Penal.

«Esa tendencia a disponer de una categoría que es el delito de odio y a meter ahí todo lo que no me gusta de la sociedad es el vivo ejemplo de cómo se está operando en la intervención autoritaria y en la expansión sin límites del Código Penal», reflexionó este experto en Derecho.

«Empieza a ser todo potencialmente delito», advirtió Torres-Dulce. «Si además tenemos un impacto mediático y reputacional a nivel individual y colectivo, estamos haciendo un pan como unas tortas con un instrumento de paz social», indicó el fiscal.

«En vez de con un criterio de proporcionalidad, estamos usando el Código Penal como un arma de destrucción masiva sin darnos cuenta de que así estamos laminando los pies de la convivencia social y el respeto a las ideas de los demás aunque no me gusten», alertó Torres-Dulce.

El fiscal del Tribunal Constitucional recordó que «esa es la base del pacto social, que surge en un terreno de igualdad, no para que alguien imponga sus ideas, criterios o poder con respecto a los otros». En este sentido, hizo hincapié en que «los legisladores están imponiendo en las sucesivas reformas del Código Penal criterios perfectamente legítimos desde el punto de vista político, discutibles o no desde el punto de vista ético o moral, pero que no obedecen a un interés colectivo del pacto social ni del principio de intervención mínima».

Torres-Dulce se mostró firme durante toda su intervención al defender que el Código Penal debe ser el último instrumento al que recurrir «cuando todo lo demás ha fallado» y criticó las excesivas reformas que ha sufrido desde que se aprobara el último en 1995.

También criticó que cada vez los artículos son «más farragosos» y se compadeció de los «opositores actuales que deben estudiarlo» porque dijo irónicamente que los legisladores parecen querer poner a prueba a los académicos de la Real Academia de la Lengua con la redacción y la sintaxis.

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