31 de enero de 2019
31.01.2019

Eduardo Torres-Dulce: «Estamos legislando a golpe de telediario y de presiones de lobbies sociales»

El exfiscal general del Estado asegura que España tiene «el peor Código Penal de la Unión Europea»

31.01.2019 | 00:30

Considera injustificado que el texto haya sufrido hasta treinta reformas desde el año 1995.

El peor Código Penal de toda la Unión Europea. El más autoritario, el más intervencionista y el más pegado a la realidad coyuntural de cada momento. Así definió ayer este texto legislativo el que fuera fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce durante la conferencia «La criminalización de la vida pública» que pronunció en el Foro INFORMACIÓN. Torres-Dulce, actualmente incorporado al bufete de Garrigues, fue muy crítico con los legisladores al asegurar que «estamos legislando a golpe de telediario y de presiones de lobbies sociales». A su juicio, no es justificable que el Código Penal haya sufrido hasta treinta reformas distintas desde el año 95, cuando «ni los datos sociales, ni estadísticos, ni criminológicos» constatan que la conflictividad social requiera de manera permanente la intervención de los poderes públicos.

Torres-Dulce: "Tenemos el peor Código Penal de la UE"

El exfiscal general citó hasta siete defectos graves del actual Código Penal. Autoritario, extraordinariamente farragoso, técnicamente detestable, con un déficit de proporcionalidad entre las penas, demasiado reglamentista, muy administrativizado y con un predominio de tipos penales blanco.

Entre los ejemplos de esta situación citó el caso del rescate del pequeño Julen de un pozo en la localidad malagueña de Totalán. «Tiemblo pensando que el desgraciado accidente del pequeño Julen nos va a llevar a crear el delito de pozo ilegal, que es hacia donde vamos», aseguró en alusión al suceso de la localidad malagueña de Totalán que ha tenido conmocionado al país durante dos semanas. En este sentido apuntó a que el sistema tiene elementos adecuados para poder actuar, como las sanciones en el ámbito administrativo por la prospección ilegal. O un posible delito de homicidio por imprudencia en la jurisdicción penal.

Torres-Dulce aseguró que el Código Penal es un eje básico para la resolución de conflictos que actúa cuando el resto de las ramas del Derecho ha fracasado y con el principio de intervención mínima. «Nadie habla de la enorme presión que el legislador y la Administración de Justicia padece de lobbies sociales de todo tipo, dispuestos a tener cotidiana injerencia en el proceso y en la presión para elevar la legislación penal al respecto», aseguró. Criterios que consideró «legítimos» pero muy «sectoriales y muy segmentados para un instrumento de política general», dijo.

Sin estudios previos

También el exfiscal general del Estado lamentó que cada vez que se produce una de estas reformas de calado no se analice el campo sobre el que va a operar, algo que requiere «estudios, investigación y participación de los operadores sociales y jurídicos para saber dónde está fallando el sistema. (...) Nunca se acompaña de una realista previsión de impactos económicos. Cuando se cambia el Código Penal, la memoria económica dice que no va a tener ningún impacto. Ni en infraestructuras de edificios, ni tecnológicos, ni de personal, ni de formación», aseveró, a lo que añadió que «se legisla alegremente a través del Boletín Oficial del Estado, blanco sobre negro, de manera gratuita».

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Torres-Dulce ironizó con el hecho de que tantas reformas del Código Penal no se hayan traducido en sus consiguientes modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se estructura la arquitectura del proceso penal. Aunque esta ley es del año 1882, aseguró que «no es del todo cierto que sea del siglo XIX. El parcheo que se le ha hecho ha sido importante». Para el exfiscal general, «hay un enorme déficit de la arquitectura del proceso penal» y puso el ejemplo de administraciones como Hacienda, Tráfico y la Seguridad Social «que tienen instrumentos para conocer el terreno en el que operan, mientras la Administración de Justicia funciona con elementos antediluvianos. Tenemos hasta siete instrumentos tecnológicos distintos entre los distintos territorios y algunos de ellos incompatibles entre sí».

Pasión por el cine

Durante la conferencia, Torres-Dulce tiró de su pasión por el cine al poner como ejemplo la película Fahrenheit 451 al aseverar que entre los defectos del Código Penal había un «perfume de autoritarismo y de intervencionismo exagerado», donde los bomberos han pasado de apagar fuegos a quemar libros, en este caso libertades. También lamentó la «farragosidad» del texto, donde aprenderse algunos de sus artículos «es una tarea hercúlea». «El legislador se supera, ya que cada vez que se hace una reforma aumenta el nivel de farrogosidad y de inexplicabilidad de los textos», ironizó.

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Torres-Dulce también criticó la concreción técnica del Código Penal español, al que tildó como «detestable técnicamente» y explicó que este tipo de textos legales se basan en la explicación del delito y la responsabilidad penal que se debe imponer. «El legislador, como no quiere que se le escape el culpable, intenta describir con pelos y señales su foto robot basada en una crónica de sucesos, con el problema de que a veces sale un precepto que no se puede aplicar por haber querido aquilatar tanto», dijo. En este sentido, Torres-Dulce consideró que empezaba a «tener dudas que en materias como la violencia de género podamos hacer más desde el punto de vista de la legislación».

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Recordó el jurista que cada vez era más frecuente el número de agresores que tras matar a sus parejas acababa quitándose la vida. De todas maneras señaló que es un problema que siempre ha estado ahí y que había estado olvidado hasta hace poco por la Administración. En este sentido abogó por empezar a poner el énfasis en otras vías como la educación. A las preguntas de los periodistas al término del acto, consideró que si la actual legislación estaba planteando algún problema, la solución no estaba en derogar la Ley sino en cambiar lo que no esté funcionando.

También lamentó que constantemente se intente deslegitimar desde el poder político a la Administración de Justicia y que se trate de laminar a las instituciones cuando son éstas las que mantienen y aseguran la convivencia.

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