El exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce aseguró en el turno de preguntas de su conferencia en el Foro INFORMACIÓN que no era partidario de la figura de la prisión permanente revisable. «Es una muerte en vida», dijo, pero admitió que es una figura que existe en otras legislaciones, algunas de ellas en la propia Unión Europea. «Hubiera preferido que el debate se hubiera producido antes de legislar sobre esta medida. Ahora falta que el Constitucional se pronuncie sobre ella», precisó. Aunque consideró «perturbador» que exista una medida como ésta, añadió que se debería limitar a casos de delincuentes reincidentes asociales con mal pronóstico de reinserción, pero no aplicarlo a personas que hayan cometido hechos terribles sin derecho a una segunda oportunidad.
Torres-Dulce no quiso entrar a valorar casos que actualmente se están investigando en los tribunales. Sobre el proceso abierto a los líderes independentistas catalanes se limitó a responder que «nadie está por encima de la Ley». Asimismo también declinó valorar la actuación de sus compañeros o de la juez que tienen en prisión preventiva al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia, aunque puntualizó que «nos hemos acostumbrado a que las medidas cautelares antecedan a la sentencia, lo cual no es bueno». Y apostilló que «deberían ser más constitucionales que procesales». También dijo, a preguntas del público, que si un partido se apartaba de los ideales era normal su ilegalización y que no cabía nada fuera de la Constitución.
A lo largo de su intervención, también lamentó el uso partidista que los partidos estaban haciendo de la figura de la acusación popular, un derecho constitucional del que algunos se intentan aprovechar «viciosamente». En este sentido, aseveró que para el delito de la prevaricación administrativa se estaba cayendo en el peligroso terreno de que todo es delito. «O todo es delito o todo tiene una limitación», dijo, a lo que añadió que «hay que ver cómo se explica al ciudadano que cuando no se ha hecho bien una concesión o no se había convocado un pleno eso no necesariamente es delito», precisó, por lo que abogó por hacer políticas de educación para intentar explicar estas cosas y recordó el principio de intervención mínima del Derecho Penal.
En este sentido, ahondó en la escasa inversión en España en tecnología en la Justicia. «Un 60 por ciento se va en pagar nóminas y un 40 en tecnología. En otros países de la Unión Europea esta proporción es a la inversa», aseguró y en estos países la litigiosidad es menor. Por ello, consideró «insostenible» el sistema actual y culpó de buena parte de este problema a la tendencia a criminalizar todo.
Torres-Dulce criticó la manera de legislar en España sobre determinados tipos penales, hasta el punto de que en determinados procesos por fraude fiscal «el tribunal tiene que dilucidar una interpretación de leyes tributarias». También lamentó las lagunas en la aplicación de la legislación de la responsabilidad penal para las personas jurídicas, para lo que «se cogió un decreto legislativo italiano para supuestos civiles y se transformó en un instrumento penal», situación que estaba generando verdaderos conflictos en la aplicación de la Ley.
Para criticar el exceso de intervencionismo del Código Penal, Torres-Dulce se refirió a él como «ese instrumento de paz social que lo usamos como un arma de destrucción masiva sin darnos cuenta de que estamos laminando la convivencia social y el respeto a convivir con las ideas diferentes». El exfiscal general aseguró que aunque «vivimos una época de conflictividad, tampoco ésta ha sido mayor que en otros periodos de nuestra Historia». Por este motivo, añadió que el nivel de conflictos sociales no explicaba el excesivo intervencionismo del Código Penal. «Es un error en el que han caído todos los gobiernos en este país desde 1995», aseveró el exfiscal.
