El caso Sala ya está en la Audiencia para ser juzgada por un jurado popular. Nada más llegar, el juicio ya se ha encontrado con su primer escollo: la juez a la que le ha correspondido presidir el tribunal de jurado tiene una relación familiar con personal del juzgado que ha investigado el crimen. La magistrada Francisca Bru notificará a las partes esta circunstancia por si estiman que existe algún tipo de incompatibilidad, según confirmaron a este diario fuentes judiciales.
Hace poco más de una semana que el juzgado decidió sentar en el banquillo en el banquillo a Miguel López como presunto autor de la muerte a tiros de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. La causa que deberá ser juzgada por un jurado ya está en la Audiencia y por reparto ya tiene magistrada asignada, que deberá dirigir la marcha del juicio.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que los vínculos familiares de la magistrada no son de por sí causa suficiente para concluir que existe una incompatibilidad. En este sentido explicaron que se podría plantear en el caso de que alguna de las partes cuestionara la actuación del juzgado durante la instrucción. La defensa de Miguel López planteó meses atrás que el registro policial en el domicilio del sospechoso el día de su detención comenzó antes de que llegara la comisión judicial, lo que podría invalidar esa prueba. Sin embargo, nunca se llegó a pedir la nulidad del registro.
Inicialmente, la magistrada ha aceptado la causa y pondrá en conocimiento de las partes su relación familiar por si alguno de los letrados decide recusarla.
Previsiones
Mientras tanto, en la oficina de jurado se está ordenando la causa y comprobando que todo ha llegado perfectamente. En estos momentos, la Audiencia de Alicante tiene dos causas con preso pendientes de juzgar con un jurado popular y que, por lo tanto, son urgentes, así como el proceso por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda. Hasta que no se despejen las dudas sobre qué magistrado asume finalmente la causa por el asesinato de María del Carmen Martínez, aún es prematuro para vaticinar nada sobre posibles fechas para el juicio. Aunque con toda probabilidad se celebrará antes de que acabe este año.
Tanto el fiscal como la acusación particular que ejerce el primogénito de la familia, reclaman penas de más de 24 años de cárcel para Miguel López por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. La defensa reclama la libre absolución y plantea que no hay ninguna prueba que incrimine a Miguel López.
María del Carmen Martínez murió asesinada de dos disparos en la cabeza la tarde del 9 de diciembre de 2016 mientras recogía su coche del negocio de automoción que regentaba su yerno, acusado del crimen. López fue arrestado casi dos meses después, el 8 de febrero, como presunto autor material del asesinato. El 20 de marzo, cuando buena parte de los testigos ya había declarado en el juzgado, el magistrado José Luis de la Fuente acordó su puesta en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Miguel López siempre ha defendido su inocencia.
Los indicios
En el auto en el que se acuerda la apertura del juicio, el magistrado deja constancia del clima de crispación que existía en la familia por el control de Samar Internacional, la mercantil del plástico y motor económico de los Sala, pugna que el juez sitúa como el posible móvil del crimen. El auto también valoraba que el acusado buscó y aprovechó la ocasión para crear una situación «en la que conseguiría quedarse a solas con la víctima en un lugar que conoce perfectamente por ser la sede de la empresa que dirige y que es oscuro y recogido». En consecuencia, el magistrado concluía que había indicios para llevar a Miguel López al banquillo. Sobre la culpabilidad o inocencia deberá pronunciarse un jurado popular en el juicio.
