La Policía Local de Aspe, que atiende a más de 20.000 habitantes, está formada por 36 agentes, de los que 15 están de baja y donde hay 50 expedientes disciplinarios abiertos. En Callosa de Segura, los agentes se han tenido que costear un parte de los chalecos antibalas que reclaman hace años. En Santa Pola, los sindicatos han denunciado en el juzgado a la alcaldesa por los ceses al frente de la jefatura de la Policía Local. Como estos tres ejemplos de conflictos policiales se puede seguir mencionando una larga lista de decenas de municipios donde los agentes locales han pasado a la acción y están convirtiéndose en el principal azote de gobiernos municipales en esta fase final del mandato.
A la falta constante de medios materiales reclamada por las plantillas desde hace años, con agentes sin chalecos antibalas o sin pistolas inmovilizadoras, y flotas de coches antiguos que necesitan renovación, se une la acuciante falta de efectivos en algunos municipios. Además de no cumplirse la ratio recomendada por la Unión Europea -que habla de un agente por cada 500 habitantes- y del bloqueo de la convocatoria de oposiciones -ni para plazas fijas ni interinas, que estaban prohibidas convocar-, ahora se suma la jubilación anticipada de policías locales, que pueden dejar el cuerpo después de ciertos años de servicios.
Para paliar esta bajada sustancial de efectivos, a finales de 2018, el Consell abrió la puerta a convocar oposiciones exprés que permitieran agilizar los plazos. Hace un mes, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se comprometió agilizar los procesos, a través de los pruebas selectivas conjuntas que hará el IVASPE, en función de las solicitudes de los ayuntamientos. Pero hasta la fecha, tan solo «algunos ayuntamientos han preguntado si el IVASPE puede ya realizar las pruebas selectivas conjuntas».
Retrasos
Además, fuentes de la AVSRE aseguran que «en estos momentos, la norma que permitirá que esto sea una realidad se halla en un avanzado estado de tramitación, pero aún quedan unos pocos meses para que esto sea una realidad».
Salvo el anuncio de convocatoria de nuevas plazas que ha realizado algún ayuntamiento, todavía no aprobado en firme, la AVSRE no ha recibido la comunicación de las bases reguladoras de sus convocatorias de selección y promoción, de las distintas escalas en las que se estructuran los Cuerpos de las Policías Locales, que los ayuntamientos están obligados a hacer.
Por otro lado, de forma excepcional, durante 2019, y como consecuencia de la aprobación del Real Decreto que permite la jubilación anticipada de policías locales, los ayuntamientos podrán nombrar personal funcionario interino, sólo para cubrir las plazas que queden vacantes como consecuencia de esa jubilación. Pero tampoco se ha notado esa movilización. En todo caso, el IVASPE está trabajando en un nuevo decreto que reduzca el número de pruebas a realizar, para acorten los plazos de los procesos selectivos. En paralelo a la tramitación de dichas normas, esa entidad ya ha puesto en marcha un curso que va a formar al personal de la policías locales que quiera formar parte de los tribunales de selección policías locales.
Ante este panorama, el SPPLB, el sindicato de implantación mayoritaria en las plantillas de la Policía Local, considera que «desde la llegada hace ya casi 4 años de los autodenominados 'gobiernos del cambio', han aumentado los conflictos laborales en las plantillas». EL secretario provincial del SPPLB, José María Jiménez, opina que «se hace patente el perfil ideológico de algunos grupos políticos con claros prejuicios ante la labor policial, utilizando un exceso de autoritarismo y falta de diálogo». Jiménez alerta de que «en ocasiones utilizan a algunas Jefaturas de Policía de marcado carácter incompetente para sus fines». Por ese motivo ya se han presentado más de 50 demandas judiciales interpuestas por esa central contra ayuntamientos en la provincia de Alicante.
