El Ministerio de Fomento ha dejado en un parche la necesaria y reclamada ampliación de la autovía A-7 entre Alicante y Murcia porque solo construirá, según figura en el documento de los Presupuestos Generales del Estado presentado esta semana, un tercer carril en cada sentido en un tramo de 18 kilómetros entre Crevillent y Orihuela, con una inversión total de 56 millones de euros que se invertirán, además, hasta el año 2022. Un importe que representa el 15% de lo que se había presupuestado hace un año cuando el anterior gobierno anunció la remodelación entre Crevillent y Murcia por 588 millones de euros a financiar por la iniciativa privada.
Se descarta actuar en el tramo Alicante-Elche y todo queda muy lejos de los casi 600 millones de euros que anunció el expresidente Rajoy para que un grupo privado financiara la construcción del tercer carril entre Alicante y Murcia. El actual Gobierno consideró que el proyecto hipotecaría los fondos públicos para futuros proyectos de la Administración y el tajo se ha confirmado, negro sobre blanco, en el proyecto de presupuestos,.
La ampliación de la A-7 es una actuación clave para una carretera que soporta un tráfico diario de 48.335 vehículos, de los que 9.430 son pesados, y cuya intensidad seguirá creciendo n los próximos años: hasta los 50.453 vehículos diarios en 2021 y 72.222 vehículos en el horizonte de 2048, según un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. La actuación iba a ser financiada por la iniciativa privada, que se ocupaba de las obras y su mantenimiento (35.000 euros por kilómetro y año) durante 30 años pero ahora todo se queda congelado.
El estudio de viabilidad del proyecto para ampliar la autovía Alicante-Murcia en el tramo de 72 kilómetros que separa Crevillent de Alhama llegó a estar en exposición pública durante febrero y marzo del año pasado. La obra se dividió en cuatro tramos, de los que uno de 18 kilómetros era de nueva construcción y los otros tres contaban con un carril más en cada sentido. El PP anunció la «nueva» autovía para 2022.
El proyecto, valorado en 588 millones de euros, se financiaba con la aportación del grupo empresarial que lo ejecutara, que se haría cargo después de su explotación y conservación durante el periodo de concesión de 30 años. El grupo inversor que se hubiera quedado con la obra tendría también acceso a fondos europeos y financiación del Banco Europeo de Inversiones, lo que suavizaba el importe a pagar por una obra clave para mejor las comunicaciones viarias de Alicante con Murcia y Andalucía. Al final y pese a que el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a anunciar que los grandes grupos constructores se rifaban el proyecto, todo saltó por los aires tras la moción de censura que acabó con Rajoy y todo su equipo.
Otra de las derivadas negativas de la poca ambición del Gobierno en materia viaria -salvo la carretera de acceso al aeropuerto y la variante de Benissa, no hay obras nuevas a la vista- es que sigue sin resolverse el colapso viario diario que sufre la circunvalación de Alicante, que, pese al aumento del parque móvil, se ha quedado totalmente desfasada para absorber un tráfico medio diario anual cercano a los 87.000 vehículos, que en los meses de verano se dispara hasta los 97.000 según Tráfico.
Miles de conductores, sobre todo en las horas punta de entrada al trabajo, la Universidad de Alicante o el traslado de turistas al aeropuerto, quedan atrapados en sus dos estrechos carriles, a los que se unen las dificultades que existen para acceder a ella en cuatro de los cinco accesos más conflictivos y ligados a la relación entre la ciudad y la autovía. En concreto, la salida desde la autovía Villena-Alicante (A-31) y el acceso a la Universidad de Alicante. Algo que, según denuncia el director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, «no solo provoca retenciones y molestias a los conductores que se mueven entre el Vinalopó y Alicante a diario por motivos laborables, sino que se ha convertido en un elemento que resta competitividad a la provincia frente a Valencia, tanto a nivel de transporte de mercancías como del turismo, ya que la autovía es la principal vía de acceso a los turistas de Madrid».
Y eso que en su último año de concesión, la empresa que gestiona la autovía AP-7 está obligada a invertir 15 millones en su mantenimiento. Una cantidad que a partir de 2020 se deberá cargar en las cuentas públicas y, por lo tanto, afectará a los nuevos proyectos inversores de Fomento en la Comunidad. En este sentido, 14,7 millones de la partida destinada a las carreteras irá para compensar a las concesionarias de autopistas por el desvío de vehículos pesados y ligeros en varios tramos de la N-ll, N-240 y N-340 hacia las autopistas Ap-2 y Ap-7 en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
