Más de seis meses del cierre de las clínicas iDental, los perjudicados siguen organizándose y preparándose para la batalla legal ante los tribunales. La plataforma de afectados por el cierre de las clínicas de iDental ha conseguido reunir ya a cerca de medio millar de perjudicados en toda la provincia de Alicante para presentar una denuncia conjunta y acreditar su condición de afectados en el procedimiento que investiga la Audiencia Nacional.
«Tenemos situaciones de todo tipo. Personas que se quedaron con el tratamiento incompleto y tienen que seguir pagando a la financiera, pacientes que abonaron todo y que ni siquiera empezaron el tratamiento, afectados por mala praxis», explica a este diario Guadalupe Reig, que junto a Francisco Camacho, son los vocales en la provincia de Adafi, la plataforma de afectados en España. Según fuentes de Adafi, se estima que el cierre de la red de clínicas ha podido dejar en la estacada a 30.000 pacientes en la provincia de Alicante (20.000 en Alicante y 10.000 en Elche). En toda la Comunidad Valenciana había cerca de 120.000 pacientes en la red de centros. «Aún aquellos que terminaron el tratamiento y no han tenido ningún problema posterior a la intervención podrían considerarse como perjudicados, ya que se han quedado tanto sin el historial como sin la garantía tras la intervención», dijo Reig.
A través del abogado Ignacio Gally, los afectados están haciendo denuncias personalizadas con su caso concreto y que serán presentadas ante los juzgados de Alicante y de Elche, quienes se tendrían que inhibir a favor del juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional que investiga el cierre de iDental. El objetivo último sería acreditar su condición de perjudicados. En ellas se denuncia a los responsables de la red de clínicas de delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y delito contra la salud pública.
Cobro anticipado
La denuncia relata que iDental ha venido ofreciendo paralelamente a su actividad en la red de clínicas de toda España un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades colaboradoras. De esta manera, la organización empresarial percibía el abono íntegro anticipado del precio de sus servicios. Cobrado el dinero, la denuncia relata que «los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos con los consiguientes perjuicios para los pacientes. Los procesos y tratamientos quedaron interrumpidos, hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas».
Las denuncias por presuntas negligencias médicas y mala praxis profesional se presentarán de manera independiente y de manera individua en los juzgados de la provincia. El tercer frente legal será la negociación con las financieras que pagaron los tratamientos que se quedaron incompletos.
Aunque el pasado mes julio, el juez instructor autorizó a la Policía a entrar en las clínicas cerradas para rescatar los historiales médicos de los pacientes, éstos se están encontrando con que la documentación recuperada es muy escasa. Cajas con expedientes y discos duros se presentaron ante la Conselleria de Sanidad para que ésta la hiciera llegar a los pacientes. Sin embargo, no se ha podido recuperar todo. «Las historias clínicas han sido destruidas y son fundamentales para que se puedan seguir los tratamientos incompletos», explicó a este diario Guadalupe Reig.
Según su versión, los odontólogos necesitan datos precisos sobre cuáles eran las prótesis de los pacientes y el estado del tratamiento, información que parece haberse volatilizado de los ordenadores de la red de clínicas. La documentación recuperada que desde la Conselleria de Sanidad se está dando a los perjudicados apenas incluye el consentimiento del pacientes a la intervención y poco más.
La denuncia considera que los responsables de la red de clínicas captaban a sus pacientes bajo engaños, ya que les prometían subvenciones en los tratamientos que no eran tales, sino que se trataba de descuentos en presupuestos que estaban inflados. En algunos casos, en el presupuesto se incluían intervenciones que no se habían realizado.
Reig lamentó que tras las promesas de apoyo de la Administración en los primeros momentos, ahora parece que les han dado la espalda y no recuerdan nada de lo prometido.
