Cuatro concejales, de tres grupos políticos distintos, y cuatro funcionarios del Ayuntamiento serán citados a declarar en la próxima sesión de la comisión que investiga los contratos del Patronato de Vivienda que se constituyó ayer. Éste fue el acuerdo al que llegaron los cinco grupos municipales en la primera reunión de un órgano creado por el Pleno tras destaparse las posibles irregularidades sobre las que alertó el interventor municipal respecto a unas obras en un local municipal impulsadas por el Patronato de la Vivienda.
En el ámbito político, la comisión pactó citar a los responsables de Vivienda de este mandato municipal, además de a Marisol Moreno (Guanyar), que era edil de Juventud cuando se decidió impulsar las obras para permitir el traslado del Centro 14 por las deficiencias en el edificio de Labradores.
Así, por la comisión de investigación pasarán la concejala Julia Angulo (Guanyar), la socialista Sofía Morales (que renunció a su acta como miembro de la Corporación el pasado verano y que ayer aseguró que acudirá a la citación aunque no está obligada) y el popular Israel Cortés. Además, también serán citados los funcionarios que han tenido alguna vinculación con los polémicos contratos. El primero que pasará por la comisión será el interventor municipal, Francisco Guardiola, que fue quien alertó de un posible fraccionamiento de contratos por parte del Patronato de Vivienda, cuyo gerente, Gaspar Mayor, también tendrá que dar explicaciones ante los grupos políticos, junto a la arquitecta del Patronato y el secretario municipal.
Las comparecencias empezarán el lunes 18 de febrero y puede que se prolonguen hasta un día después, el martes 19, en función del ritmo de las intervenciones.
Por otro lado, los grupos han dado un mes más de plazo para que esté listo el informe jurídico que el alcalde, el popular Luis Barcala, anunció que iba a pedir a los Servicios Jurídicos a mediados del pasado mes de diciembre. Los exsocios del tripartito dudan que la petición se cursara, aunque desde Alcaldía aseguran que se encargó de forma oral. Así, los abogados del Ayuntamiento dispondrán, en total, de dos meses para elaborar un escrito que también se aportará a la comisión. Los grupos, por su parte, recibirán en un plazo máximo de una semana toda la documentación relativa al expediente de las obras de rehabilitación de un local en la calle Cisneros, valoradas en 59.240 euros (con IVA) tras los retoques en el proyecto para evitar que superase el límite legal para un contrato menor, situado en los 50.000 euros (sin IVA). Compromís reclamó ayer al gobierno del PP que promueva el pago de esas facturas, que paralizó tras promoverse la comisión de investigación.
Límite
A finales de 2017, el interventor bloqueó en un primer momento el intento del Patronato de la Vivienda, con Gaspar Mayor como gerente, de fraccionar el proyecto en tres contratos menores, relativos a las propias obras, a una plataforma elevadora y a unos honorarios profesionales. La suma de esos tres contratos menores alcanzaba los 56.758 (sin IVA). El alto funcionario municipal reclamó que se tramitara una contratación por procedimiento negociado sin publicidad. Sin embargo, Vivienda decidió modificar el proyecto inicial para que el importe no rebasase el límite para los contratos menores que recoge la ley. El proyecto se modificó a mitad de las obras.
