El Consell se opone al decreto del Ministerio de Trabajo que obliga a dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos en prácticas de FP y de las universidades, y ha exigido al Gobierno que les excluya del pago que implica dicha alta laboral.

Para los responsables de la Conselleria de Educación, desplazados ayer a Madrid para participar en la Conferencia Sectorial de Educación que reunió a todas las comunidades autónomas, los alumnos tanto universitarios como de ciclos de FP lo que cursan a lo largo de su trayectoria académica son «horas de formación en empresas. Ni tienen, ni han de tener ningún contrato de trabajo».

Así lo expusieron ante la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien a su vez se ha comprometido a trasladar las exigencias de la Conselleria de Educación ante el Ministerio de Trabajo, que contempla dicha obligación en el decreto que sube las pensiones.

La intención de Gobierno con esta medida es aumentar el control de las prácticas en empresas, tras resolver denuncias en Madrid sobre el empleo fraudulento con becarios universitarios.

Sin embargo, al incluir a todos los alumnos que cursan prácticas, remuneradas o no, en la obligatoriedad de ser dados de alta en la Seguridad Social, las consecuencias que implica este medida para las arcas tanto universitarias como de los institutos de FP resultan inasumibles en sus presupuestos, tal y como coinciden en señalar los rectores y directores de centros de la provincia de Alicante -ver ejemplar del diario del miércoles día 9-.

Los responsables de institutos y universidades reclaman aclaraciones y medidas por parte de Educación, porque con dicho decreto sobre la mesa, las prácticas formativas de este curso académico están el aire.

Aprovechando su presencia ayer ante los responsables del Ministerio de Educación, desde la conselleria se explicó que «no compartimos que se aplique el alta en la Seguridad Social ni a los alumnos de FP ni a los universitarios», señalaron a preguntas de este diario.

Plazos

La propuesta lanzada por el Consell sobre estas prácticas apunta a que «o bien en el desarrollo del decreto ley, o en la reforma de la Ley de Educación que hoy se ha expuesto, se incluya una modificación para exceptuar a los alumnos de FP y a los universitarios porque se cursan de 350 a 400 horas de formación», concretan desde Educación.

Las exigencias de la conselleria implican asimismo que estas modificaciones se estudien y lleven a cabo antes de que tenga que aplicarse el decreto de Trabajo, que tiene un plazo de tres meses, hasta finales de marzo, para desarrollar el texto y que entre en vigor.

La alarma de los institutos de FP reside tanto en el coste que implicaría dar de alta a 9.000 alumnos de la provincia y 28.000 de la Comunidad, como en la inminencia del inicio de las prácticas del curso, previstas a partir del próximo mes de abril.