Los promotores de la finca Pino y Ruaya consideran legal el acuerdo plenario, por el que se establecieron las condiciones urbanísticas de los terrenos, reconociendo una superficie de 47 hectáreas, con una calificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificación máxima de 50 viviendas por hectárea. Así lo recogen en un comunicado en el que niegan que el acuerdo impulsado por el gobierno del PP sea "descontrolado ni ilegal".
De esta forma, los promotores responden a la Generalitat Valenciana, que a su vez sostiene que el acuerdo alcanzado en el pleno del pasado mes de octubre, con los votos a favor de PP, Cs y PSOE, se extralimita de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 1992.
La conselleria considera que el acuerdo plenario (que solo contó con el voto en contra de Guanyar) afecta a la ordenación estructural del ámbito territorial, otorgando al terreno un "concreto y exclusivo uso residencial y una determinada edificabilidad, una atribución de usos y densidad edificatoria que en ningún momento exige la sentencia que dice ejecutar". Para el Gobierno autonómico, y a "diferencia" de lo acordado por el Ayuntamiento a petición del gobierno de Barcala, se llevó a cabo una "modificación de la ordenación estructural del ámbito territorial", una decisión adoptada, según prosigue la conselleria, con "ausencia total y absoluta del procedimiento legal establecido".
Por ello, Vertebración del Territorio asegura que la decisión plenaria supone una "intromisión en las competencias autonómicas en materia de aprobación de instrumentos de planeamiento que afecten a la ordenación estructural". Y es que la ley vigente establece que la conselleria tiene la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y paisaje.
Así, con un plazo máximo de un mes (que concluye a mediados de este mes de enero) para rectificar el acuerdo plenario, se encuentra actualmente el cruce de escritos entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, que arrancó con la comunicación desde Alicante del acuerdo plenario. Pese al ultimátum de la Generalitat, el gobierno municipal de Barcala ha afirmado que no se plantea variar ni ápice su planteamiento. Desde Alcaldía ya han asegurado que el Ayuntamiento no dará marcha atrás en su decisión de dar uso residencial al terreno de Pino y Ruaya.
En el comunicado de los promotores, en el que señalan que el empresario Enrique Ortiz tiene menos del 20% de los terrenos, añaden que, desde que en 2001 el Pleno el Ayuntamiento, tras nueve años de retraso, "aprobó la creación de una ficha de ordenación en cumplimiento de la sentencia", la promotora "ha sufrido años y años de retraso y pérdidas millonarias e irreparables".
Para los dueños de los terrenos, en los que se podrían construir hasta 2.500 viviendas según el acuerdo plenario aprobado hace tres meses, "causa sorpresa y tristeza entonces que sea la Generalitat, que ya en 2001 urgió al Ayuntamiento de Alicante a que ejecutara la sentencia, la que ahora establezca un contencioso entre administraciones por cuestiones formales, que entre ellas compete resolver".
Los promotores aseguran que las pretensiones de la consellería no chocan con el procedimiento administrativo promovido por el Ayuntamiento de Alicante. "Una modificación de Plan General se debe tramitar con anterioridad a la presentación de cualquier programa y plan parcial que pretenda la promotora", añade el comunicado, en el que se insiste en las pérdidas económicas para los propietarios del suelo, pero también para el propio Ayuntamiento de Alicante por tardar unos 25 años en ejecutar la sentencia: "Ha ocasionando un verdadero desastre en la economía de todas las empresas que componen una urbanizadora que solo ha cometido el desliz de apostar con su patrimonio, resortes profesionales y dilatada experiencia por una actuación en la ciudad de Alicante que está protegida y amparada por la ley. Esta iniciativa -continúa la nota- es una inversión económica de importante repercusión sobre el tejido de Alicante, que dará innumerables puestos de trabajo, que han quedado pospuestos en las tres décadas de retraso, con su consiguiente pérdida de economía también para las arcas municipales".
