La Administración General del Estado gasta cada año en la Comunidad Valenciana cerca de tres millones de euros en el alquiler de 46 inmuebles para ubicar en los mismos algunos de sus servicios a pesar de que cuenta en la autonomía con más de un centenar de locales propios en desuso, según afirma el senador de Compromís Carles Mulet, quien califica esta política como «escandalosa».
Mulet solicitó al Gobierno un inventario de bienes inmuebles alquilados a terceros por la Administración en la autonomía, así como el precio de los mismos, además de otro inventario de locales propios disponibles en la Comunidad Valenciana y si los mismos estaban en uso y desuso.
A través del Portal de la Transparencia, la formación política accedió a la información global demandada. A resultas de la misma, consta que, de los 46 inmuebles alquilados, 11 están en Alicante, otros 11 en Castellón y los 24 restantes en Valencia. El importe abonado cada año asciende a 2.783.228 euros. El más elevado corresponde a la sede de la Gerencia Regional del Catastro en Alicante, en la calle Reyes Católicos, con casi 370.000 euros. Muy cercano está el coste de este mismo organismo, pero en València, con algo más de 288.000 euros.
Para Carlos Mulet, «cuesta entender cómo el Estado lleva pagando durante décadas por alquilares altísimos para tener sus dependencias. Estamos hablando de casi tres millones de euros al año, una barbaridad, para edificios que no tienen un uso imprevisto o esporádico, sino que desde hace décadas es el mismo».
El senador recalca que se trata de organismos públicos «que no van a desaparecer, y lo normal hubiera sido invertir en la construcción o adquisición de inmuebles para optimizar este dispendio, más cuando la propia administración general del Estado dispone de más de un centenar de solares o inmuebles sin ocupar. El siguiente paso será pedir copia de estos contratos para saber quién se está beneficiando de estos estratosféricos alquileres».
