El grado de desaceleración de la economía nacional e internacional «influirá en el ritmo socioeconómico de la provincia», pronosticaba el lobby Ineca. Desde la patronal CEV, se apuntaba que el crecimiento, pese a que las previsiones apuntan a una ralentización, permitirá seguir generando empleo. Y en este escenario es cuando los sindicatos reivindican que el trabajo que se cree en 2019 «sea de más calidad que el actual, que es precario y de corta duración, especialmente, en uno de los motores económicos alicantinos, como es el turismo», coincidían Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT, y José María Ruiz Olmos, responsable de Empleo de CC OO en la comarca. Además, piden que se derogue la reforma laboral «para que los trabajadores recuperen derechos», al mismo tiempo que plantean potenciar la industria, sector donde el empleo es más estable. Y, en definitiva, reclaman cambiar el modelo productivo para avanzar hacia actividades menos estacionalizadas, más tecnológicas, pero también más ecológicas y sostenibles.
Para el sector agrario, el gran problema sigue siendo el déficit hídrico y los bajos precios en origen que se pagan a los agricultores por sus productos, frente a los que se venden al consumidor en los puntos de venta. Desde Asaja-Alicante, su presidente, Eladio Aniorte, lamentaba la política de agua del Gobierno y la incertidumbre que crea sobre el desembalse desde el Tajo. También para la Unió de Llauradors «el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable», al igual que un agua «de calidad y en cantidad suficiente», según su secretario general, Carles Peris. Además, las organizaciones agrarias exigen más medidas para luchar contra la Xylella fastidiosa, bacteria que está afectando, especialmente, a almendros de La Marina Baixa, Marina Alta y El Comtat. Piden agilizar las indemnizaciones por los arranques y un plan de reconversión en las zonas perjudicadas.
