El problema que se creó el pasado 2018 entre algunos ayuntamientos y la Conselleria de Economía a cuenta de las ayudas a los polígonos industriales amenaza con seguir coleando durante este 2019 recién inaugurado. Con esta situación, quedan en riesgo 11 millones de euros para mejorar 42 áreas de la provincia, de los que una partida de 760.00 euros estaba destinada a mejorar infraestructuras de la ciudad de Alicante.

El departamento que dirige Rafa Climent va a convocar un plan extra de modernización de estas instalaciones con una dotación de 13 millones. Podrán participar todos los municipios, incluso los que en ejercicios precedentes ya se acogieron a este tipo de ayudas. Sin embargo, la convocatoria esconde un disgusto para algunos alcaldes. No se podrán subvencionarse proyectos ya empezados en 2018. Y esa era la cuestión. Muchos municipios están teniendo problemas para ejecutar las mejoras de los polígonos subvencionadas en 2018 debido a la estrechez de plazos que imponía la convocatoria. No fue hasta finales de julio del pasado año cuando los ayuntamientos recibieron del Ivace la comunicación como beneficiarios de unas ayudas que llegaron a 106 municipios para acometer mejoras en 166 polígonos industriales por un importe de 22,5 millones.

Ante el temor a quedar «enganchados» con estas ayudas y tener que abonar las obras íntegramente, algunos pueblos de la Comunidad Valenciana han renunciado a la subvención. Los alcaldes contaban con que las ayudas de 2019 serían una especie de «rescate» para recuperar los importes minorados. De hecho, hubo incluso un acuerdo entre los partidos en las Corts. Durante la tramitación de los presupuestos para este año, se aprobó por unanimidad una enmienda del PP en que se explicita, literalmente, que se podrán acoger a estas ayudas de 13 millones aquellos que, «habiéndoseles concedido ayudas para 2018, precisen de ayudas adicionales para terminar de financiar los proyectos subvencionados en 2018». No será así.

Desde la conselleria, que ha mantenido reuniones y abordado la situación con alcaldes en el tramo final del año, entienden que este texto no permite que se adhieran a la nueva convocatoria proyectos que ya han sido iniciados. Iría en contra del criterio de la Abogacía. Es decir, que el que haya perdido parte de la ayuda para un proyecto porque no lo ha ejecutado al ritmo exigido, tendrá que pagarlo con el presupuesto municipal.

Eso sí, esta nueva convocatoria sí permitirá a los ayuntamientos que han renunciado a ayudas en diciembre ante la imposibilidad de cumplir con los plazos exigidos, volver a concurrir para captar fondos, esta vez con más margen de tiempo. Incluso los municipios que han recibido ayudas, pedirlas de nuevo pero para otros proyectos que tengan pendientes.

Paradójicamente, un logro histórico de la conselleria -estas ayudas reclamadas por municipios y asociaciones de polígonos- ha terminado provocando un dolor de cabeza a alcaldes y al conseller.

Esta «oportunidad única» también ha provocado quebraderos de cabeza al equipo de gobierno de Alicante que ha reclamado en varias ocasiones al Consell la ampliación del plazo de ejecución de las obras, denunciando la poca flexibilidad en la exigencia de que los proyectos tuvieran que estar ejecutadas en un 45% en el mes de diciembre, con el fin de que pudieran estar únicamente adjudicadas en esa fecha. Los populares han alegado que estas actuaciones suponen una elevada complejidad técnica y administrativa que impedía cumplir con los tiempos que marca la ley de contratación. Ante este escenario político, Alicante puede perder una importante subvención que pretendía impulsar sus áreas industriales y contribuir a su crecimiento.