La Conselleria de Educación ha convocado el proceso de renovación del concierto educativo para Primaria y unidades de educación especial de apoyo a la integración del mismo ciclo educativo, según ha publicado el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La ley estableció que el concierto se estableciera para seis años y es ahora cuando «toca» renovarlo, puesto que la última renovación se realizó en 2013. La decisión de prolongar a seis años el blindaje de los conciertos fue el anterior gobierno autonómico popular, cuando dirigía la cartera de Educación María José Catalá.
Ahora la renovación o no de los 337 centros de toda la Comunidad que tienen concertada la educación Primaria, 89 de ellos en Alicante, corresponde al conseller Vicent Marzà, que suprimió 33 aulas concertadas en Infantil y Bachillerato el año pasado, acabando en un complejo proceso en los tribunales que acabaron dando la razón a los centros.
Los colegios disponen del mes de enero para presentar las solicitudes y la documentación requerida.
Cláusula de proporcionalidad
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), sindicato mayoritario en la concertada, ha propuesto introducir en los Presupuestos una «Cláusula de proporcionalidad» para que el Consell destine recursos a la concertada en relación al número de alumnos escolarizados en sus centros y haya un «equilibrio real» que evite la «arbitrariedad».
El sindicato mayoritario en la enseñanza concertada recordó en un comunicado que los centros concertados atienden al 35 % de los alumnos de la Comunitdad Valenciana pero los recursos que reciben los centros no representan el mismo porcentaje, algo que tildan de «ilógico».
Por ello, propone introducir una «Cláusula de proporcionalidad» para que en todas aquellas líneas presupuestarias destinadas a mejorar la calidad educativa y financiar gastos a todos los centros sostenidos con fondos públicos, se aplique un criterio basado en el número de alumnos escolarizados, teniendo en cuenta la distribución de los mismos entre los centros públicos y concertados.
De esta manera, afirma, «se acabaría con la discriminación en la Educación compensatoria o en auxiliares de conversación».
