La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, ha archivado la causa abierta por presunta prevaricación urbanística y desobediencia a resolución judicial contra el exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri y la actual portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento y exconcejala de Urbanismo, Eva Montesinos, además del arquitecto municipal Alejandro Ybarra.
La jueza considera que la instrucción «de una causa criminal no puede mantenerse abierta sin que conste indicio directo o indirecto suficiente de que se ha podido realizar un acto criminal». La resolución, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, abre la puerta a continuar con acciones judiciales pero ante la vía contencioso-administrativa.
La investigación se abrió el pasado mes de mayo a raíz de una denuncia presentada por un particular contra Echávarri, Montesinos y el arquitecto jefe del Ayuntamiento por supuestamente «desobedecer» lo dispuesto en una sentencia firme al «autorizar decisiones administrativas en materia urbanística expresamente rechazadas» por resolución judicial firme.
Según el denunciante, en el año 1997, su vecino colindante solicitó del Ayuntamiento licencia de obras para edificar un chalet de dos alturas. El demandante apreció una elevación inusual del techo del sótano, generando una planta más del edificio y en consecuencia una altura que afectaba a sus vistas. Tras numerosas quejas, se declaró que la obra había incumplido la legalidad por exceso de altura y se ordenaba «restaurar el orden jurídico conculcado, ajustando la edificación a la licencia otorgada».
El propietario del chalet alegó que había restaurado la legalidad de la obra tapando con pladur y luego con tierra las paredes y ventanas del sótano en la parte de altura excesiva. Así, solicitó al Ayuntamiento licencia de primera ocupación, aunque fue denegada en repetidas ocasiones. A partir de ese momento, el perjudicado dirigió al Ayuntamiento escritos exigiendo la adopción de las medidas urbanísticas necesarias para resolver la situación, asegurando que era una «broma que semejante defecto lo quiera arreglar con el maquillaje de corregir el cerco y la tierra circundante del edificio».
Ya con Echávarri como alcalde, según se explicaba en la denuncia, el Ayuntamiento dio licencia al presunto infractor para realizar un patio inglés, que había sido rechazado previamente en sentencia, y anunció que iba a conceder la licencia de primera ocupación del inmueble «omitiendo el cumplimiento del deber de restaurar el orden urbanístico conculcado». El vecino afectado atribuía «este escandaloso comportamiento» al entonces alcalde, a la concejala de Urbanismo y al jefe de arquitectos.
Sin embargo, el auto de la jueza de instrucción recoge que en este caso «no sólo no puede entenderse que concurra delito de prevaricación por el hecho de hacer concedido una licencia con un nuevo proyecto modificado sino que, examinadas las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad, consta que se dio una prórroga para la conclusión de las obras y posteriormente se emitió decreto de suspensión de la licencia de obra otorgada».
Ante ese escenario, la jueza ha decidido archivar la investigación, alegando falta de «indicios racionales suficientes de la comisión del delito que justifiquen que la causa siga adelante».
